“Con asiduidad inusual, tomamos conocimiento del fallecimiento de personas en el Gran Buenos Aires”, advierte el letrado en su extensa presentación y asegura que la situación en esa región “provoca un elevado riesgo para la vida de las personas comunes”.
“La continua sucesión de hechos de secuestros de personas a los que diariamente está expuesta la población, y máxime cuando algunos de quienes participan de dichas bandas de secuestradores pertenecen a las fuerzas policiales provoca inseguridad ciudadana”, se lee más adelante en presentación.
Como la Corte giró el caso a la oficina del Procurador General de la Nación, Díaz insistió hoy para que éste se pronuncie en “pronto despacho” para que la acción de amparo “cumpla con el cometido constitucional y de los tratados internacionales”.
Para Díaz, el Estado Nacional y el de la provincia deben asumir “la tutela concreta” de los derechos constitucionales consagrados en varios artículos de la Constitución Nacional y en el Preámbulo de la misma, en orden a “consolidar la paz interior”.