De esta manera, la mujer de 39 años, fue liberada por el principio -“in dubio pro reo”- el beneficio de la duda existente sobre la participación y la relación directa entre su conducta y la muerte de su hijo Mauricio.
Alegando “una duda insuperable” los miembros de la Cámara Primera del Crimen la absolvieron por unanimidad y ordenaron su libertad.
Por su parte el fiscal Marcelo Novillo Corvalán había deslizado esa postura cuando de “homicidio calificado agravado por el vínculo” cambió la acusación a “homicidio culposo”, solicitando por ello solo tres años de prisión.
Todo comenzó en enero de 1998, cuando un médico de Río Tercero llamado Cristóbal Mora le indicó a la madre del menor que lo hiciera atender en una clínica en la capital cordobesa, tras detectar en Mauricio la enfermedad de cáncer, en medicina conocido este tipo como Linfoma Hodgking, cuando el niño tenía 10 años.
De acuerdo a las declaraciones del facultativo durante el juicio, cuando Mauricio volvió a su consultorio en julio de 1998 lo notó “visiblemente deteriorado” y observó que “los ganglios sobresalían del cuello de su camisa”, en tanto que el médico agregó ente los magistrados que el abuelo del chico admitió que no habían hecho tratamiento alguno, y “que sólo habían orado”.
Por ello, el médico Cristóbal Mora explicó que les recriminó haber perdido “un tiempo precioso” para salvar la vida de Mauricio, responsabilizando a la madre del menor, a quien la describió como “un témpano” porque no “demostró emoción alguna ni dijo palabra” cuando le comunicó que debido a ese largo período sin tratamiento el pronóstico era fatal.
De esta forma él médico junto a otro facultativo y al padre biológico del menor, Ricardo Graciano Waidatt, denunciaron ante la policía este hecho y le pidieron a un juez de menores de Río Tercero la “protección preventiva” para que vigilara el tratamiento médico del chico.
En este sentido, aquí intervienen otros dos factores que en el juicio se tomaron como atenuante; el menor murió el 3 de agosto de 2001 en el marco de las deficiencias de la atención del PAMI y la supuesta inacción de un juez de menores que actualmente enfrenta un sumario administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de esa provincia “por mal desempeño de su cargo”.