Durante toda la jornada, se esperó con ansiedad en los Tribunales Federales que el ex secretario administrativo del Senado Mario Pontaquarto aporte el listado con los nombres de los senadores justicialistas que se habrían repartido más de cinco millones de dólares de coima, pero al cierre de esta edición el papelito no apareció.
La existencia de ese listado fue revelado el viernes por Pontaquarto ante el juez subrogante Norberto Oyarbide, a quien en una explosiva ampliación de indagatoria que duró hasta entrado el sábado le confesó haber sido él quien llevó el dinero desde la SIDE al Senado y desde allí al ex senador justicialista Emilio Cantarero, quien lo habría repartido entre sus correligionarios.
Hoy, el juez Canicoba Corral le dijo a periodistas acreditados en Tribunales que la versión de Pontaquarto “parece verosímil” y confirmó que prohibió la salida del país sin su autorización expresa de “todos los imputados” en el expediente y “dos o tres personas más” que fueron nombradas por el ex hombre de confianza del radicalismo en el Senado.
El juez no lo dijo, pero fuentes judiciales confirmaron que una de las prohibiciones para salir del país es para el ex presidente Fernando De la Rúa, y para el ex ministro de Trabajo de la misma administración, Alberto Flamarique. La orden alcanza también al Señor 5 delarruísta, Fernando de Santibañes, aunque el banquero vive en los Estados Unidos.
Desde allí, trascendió que Santibañes envió una comunicación al juez a través de sus abogados, donde dijo ponerse a disposición de la investigación y pidió que Canicoba lo releve de la obligación de guardar silencio sobre las cuestiones de inteligencia. En rigor, no es el juez sino el presidente Néstor Kirchner el que debería tomar tal medida.
Tanto De la Rúa como Flamarique fueron nombrados en la confesión de Pontaquarto como los participantes de una reunión junto al ex senador radical José Geanoud y el justicialista Augusto Alasino en el despacho del presidente, donde el primer mandatario aseguró que debían “arreglar con de Santibañes”, presuntamente los detalles de la millonaria coima para aprobar la reforma laboral que propugnaba el oficialismo.
Precisamente, hoy la Oficina Anticorrupción y los fiscales Eduardo Freiler y Federico Delgado pidieron la declaración indagatoria de De la Rúa, Flamarique, de Santibañes y los ex senadores José Genoud, Carlos de la Rosa, Julio San Millán, Beatriz Raijer y el actual gobernador de San Juan José Luis Gioja, además de una ampliación para los imputados ya indagados, que están con “falta de mérito” desde diciembre de 2000.
Hoy el juez Canicoba ordenó la instauración del secreto de sumario para “evitar filtraciones” que arruinen los procedimientos que se van a realizar “de aquí a fin de año”, adelantó.
De cualquier forma, el juez no negó que entre las medidas a tomar próximamente figuran la declaración testimonial de Gladys Mabel Mota, la ex secretaria de de Santibañes, quien según Pontaquarto lo ayudó a llevarse el dinero del edificio central de la SIDE en abril de 2000, justo antes del primer intento de debate en el Senado de la ley laboral.
“Lo más importante es la acreditación de los hechos, para luego avanzar en las responsabilidades”, acotó el juez, quien remarcó que por ahora “no hay detenciones ni nuevas indagatorias” previstas. El que sí ampliará mañana su declaración es el ex secretario del senador Remo Contando, Martín Fraga Mancini, confirmaron fuentes judiciales.
Mancini ya declaró una vez en el expediente y al igual que Pontaquarto en su momento negó todo conocimiento sobre la maniobra, aunque el viernes éste dijo textualmente que el colaborador de Constanzo “le blanqueó” lo que sabía del tema y que “estaba dispuesto” a declarar.
Será un escalón más en la vuelta a escena con más fuerza que nunca de una causa que estaba lista para ser cerrada por faltas de pruebas, tal como lo indicó hace dos años el juez Canicoba a Diariojudicial.com. Ahora, el magistrado aclaró que la versión de Pontaquarto tiene “algún apoyo en elementos que ya obran en el expediente”.
De cualquier forma, el juez aclaró que no prevé habilitar la feria de verano para seguir adelante con la causa, aunque indicó que “se ordenarán medidas tendientes a no perder pruebas”. Nervioso verano judicial por delante.