De acuerdo a las manifestaciones vertidas, mientras unos abogan por que sea un tribunal iraquí el que llevará a cabo la tarea de juzgamiento de Saddam, a manera de restablecer su soberanía otros sostiene que sea un tribunal internacional quien juzgue al ex lider como se resolvió en el caso de Slobodan Milosevic
En este contexto, el centro de las miradas recayeron sobre el Consejo de Gobierno Iraquí quien aprobara recientemente la conformación de un Tribunal Penal Iraquí para juzgar los delitos y crímenes cometidos por el régimen de Saddam Hussein.
Este tribunal tendrá competencia para juzgar a Saddam Hussein y los miembros del régimen quienes están acusados por crímenes cometidos contra la República de Irán, contra Kuwait, contra el propio pueblo iraquí -árabes, otomanos, kurdos, asirios, sunitas o chiítas- entre julio de 1968 y el 1 de mayo de 2003.
Al respecto se informó que el tribunal estará integrado por cinco jueces iraquíes quienes serán elegidos por el Consejo de Gobierno, lo cual hace pensar que su tarea no será realizada antes de la instalación de un nuevo gobierno en junio de 2004, aseguraron.
Por otra parte, se ha cuestionado que sea éste tribunal quien lleve adelante el juzgamiento de Hussein, ya sea por su legitimidad como por la parcialidad a la hora del resolver la cuestión, temiendo que las fuerzas de la coalición puedan inclinar la balanza de la justicia.
En tanto EEUU que aún no ha dado a conocer una opinión oficial acerca del proceso y lugar de juzgamiento para Huseim, informó que será tratado como prisionero de guerra asistiéndole los derechos acordados por la Convención de Ginebra y será sometido a un proceso “justo”.
Otro tema que se desprende por añadidura, es si ante una condena resultará aplicable la figura de la pena de muerte como exigen los sectores iraquíes opositores a la figura de Hussein.
Recordemos que de juzgarse a Huseim ante el Tribunal Penal Iraquí, el proceso se hará bajo el código penal iraquí y la autoridad provisional de la coalición derogó a mediados de año la figura de la pena de muerte al efectuárseles una serie de modificaciones.
A este panorama se suma la querella que Irán presentará por la guerra contra ese país entre 1980 y 1988, donde le exige una suma cercana a los 100.000 millones de dólares como compensación y que se cobró la vida de un millón de personas.