Según esta organización, en 2003 se registraron 1.508 de violencia policial, en los cuales murieron 144 personas, contra 1.292 hechos en 2002. En el estudio, se toman en cuenta los casos que culminaron con la muerte de una persona, cuando los responsables fueron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, como la Policía Federal, las policías provinciales, la Gendarmería, Prefectura, el Servicio Penitenciario, o las Fuerzas Armadas.
Según aclaran CORREPI, se trata sólo de casos donde la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del efectivo que les disparó, junto a “casos de gatillo fácil propiamente dicho” y también el llamado gatillo fácil “culposo”, como son las muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales.
Según esta ONG, buena parte de los casos registrados corresponden a la muerte ocurrida en ocasión de la aplicación de tormentos, pero sólo 7 causas han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte desde 1983.
El mismo informe señala que la franja mayor de víctimas está entre los 15 a 25 años (67.38%) y luego la franja de los 26 a los 35 años, con 15.8 % de casos. En los casos por distrito, se destaca la provincia de Buenos Aires, que acumula casi la mitad de los hechos relevados (47,9 %) seguida por Santa Fe, con el 12,99 %.
Sin embargo, si se lo compara con la densidad de población, la violencia es mayor en el interior. Primero aparece Santa Fe, (62.01 casos por millón de habitantes), seguido por Catamarca, (58.63 casos) y sorprende en un tercer lugar la provincia de La Pampa, con 51.49 casos. Después aparece Buenos Aires, con 50.27 casos por millón. Algo más atrás, la Capital Federal muestra 41.97 casos por millón de habitantes.
En una carta que acompaña la publicación de estos datos, firmada por familiares de víctimas, se dice que “casi todas las víctimas responden a una misma definición de clase: jóvenes pobres, desempleados y excluidos, lo que dificulta a algunos dogmáticos con anteojeras caracterizarlos como víctimas de una violación a los Derechos Humanos”.