En la causa, se recordó que “esta Corte ha resuelto en reiteradas oportunidades que reviste calidad de agravante la seria intimidación que produce el empleo de un arma".
Asimismo, se sostuvo en el fallo que "el arma de fuego tiene un mayor poder vulnerante que otras que también satisfacerían la exigencia del tipo legal, por lo que constituye agravante la mayor peligrosidad evidenciada mediante su uso, sin que ello importe una doble valoración de esa circunstancia".
La sentencia contó con el voto del preopinante Francisco Roncoroni y también fue firmada por los ministros Luis Genoud, Juan Carlos Hitters (con distintos fundamentos), Eduardo de Lázzari y Héctor Negri.
Cabe recordar que, por mayoría, el máximo tribunal provincial estableció a partir del año 2002 una nueva interpretación del artículo 166 inc. 2ª del Código penal, señalándose al respecto que para la calificación de agravante en caso de robo, sólo hace falta probar el empleo de arma, independientemente de acreditar su poder intimidante o vulnerante, según el precedente “Manso”.
Hasta que se registró esa nueva jurisprudencia estaba en vigencia el precedente “Garone”, mediante el cual la Corte, con distinta integración que la actual, exigía que se acreditara el poder ofensivo del arma a los fines de acceder a la calificación de agravante.