B) PREOCUPACION. Demostró el vicepresidente segundo de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, por la quita presupuestaria en la Justicia. Pero más alarmado se sintió al enterarse que en algunas provincias el ajuste no perdonó ni siquiera la intangibilidad de los salarios de los jueces. Cabral anticipó que propondrá desde el sindicato de jueces, un recorte en los haberes pero sin violar claúsulas constitucionales. Este recorte -una idea que anida tambien la cabeza del administrador de la Corte, Nicolás Reyes, quien no sabe ya por donde pasar la tijera porque este año tuvo que reducir en $ 300 millones al presupuesto del Poder Judicial- se centraría en el gasto telefónico, movilidad y pasajes, entre otros. Sin embargo, lo peor está por comenzar, porque desde Economía aún no han confirmado -pese a lo avanzado del mes- cuándo y cuánto se girará este mes en relación a los $ 11 millones que son enviados normalmente en concepto de aporte presupuestario adicional, al tiempo que se conocía un informe de una consultora privada que suele asesorar al gobierno, indicando que en el ministerio Público y en el resto del Poder Judicial las contrataciones de personal sólo se incrementaron en un 22 por ciento contra 140 en la Presidencia de la Nación y diez veces más en el Ministerio del Interior. Si de recortar se trata, los ñoquis no parecen abundar en la Justicia, donde no se tienen en cuenta que los "meritorios" trabajan gratis –los viáticos los aportan los jueces y secretarios de sus propios bolsillos-, un ejemplo que no es copiado en ninguno de los otros dos poderes.
C) APRIETE. Por todos los costados posibles el gobierno provincial, la dirigencia política y los medios locales, están poniendo en cabeza del Poder Judicial de Mendoza, el alcance definitivo y la profundidad del ajuste en el sector público. Tratándolos como de que pretenden mantenerse como una “casta privilegiada”, la presión para que los jueces se reduzcan sus remuneraciones al parecer dará sus frutos en las próximas horas, pero dejará heridas. Los jueces de Mendoza tienen sueldos proporcionalmente bajos con respecto a otras jurisdicciones, diferencia que resalta aún más con sus colegas nacionales y federales: un camarista provincial –con la reducción propuesta- pasaría a ganar igual que un secretario de instrucción de la Capital Federal. En un principio la Suprema Corte –integrada mayoritariamente por ministros afines al radicalismo- sugirió a los jueces que se reduzcan sus haberes en un 10%; por su parte, el gobierno espera que sea del doble, barajándose argumentos tan fuertes como riesgosos, según el concepto que se tenga sobre seguridad jurídica. Es que a la amenaza de introducir una reforma en la constitución mendocina –allí se prevé una modificación por año sin llamado a Asamblea Constituyente- para derogar la intangibilidad de sus remuneraciones, se le asoma ahora la posibilidad de que todos los magistrados en ejercicio tengan que revalidar sus títulos periodicamente.
D) ENFURECIDOS. Se mostraban muchos magistrados durante el reinicio de la actividad judicial –allí la feria finalizaba al tiempo que se iniciaba la de la justicia porteña- encontrándose virtualmente en estado deliberativo y advirtiendo que el eje de la discusión por el ajuste en una economía que nunca manejaron, recaía ahora sobre ellos. Pero también hubo lúcidas autocríticas; la más comentada fue la de una la juez María Lona de Avalos quejándose de la interesada solidaridad que parecen exhibir los jueces en oportunidades como estas “cuando se meten con nuestras decisiones, nuestro honor o con nuestra familia, nadie dice nada, pero cuando nos tocan el bolsillo todos se rasgan las vestiduras”, dijo. La conducción de la Asociación de Magistrados de Mendoza está haciendo malabarismos para contener la situación, ya que por un lado debe defender los intereses de los jueces y al mismo tiempo no generar un enfrentamiento institucional con el poder. Orlando Farrugia envió un fuerte mensaje a la dirigencia política, buscando fortalecerse con sus representados : “nosotros cobramos sólo lo que aparece en nuestros recibos, no tenemos sobres debajo de la mesa. Todo lo cobramos en blanco, sin viáticos, ni adicionales, ni nada”, dijo en un intento por revertir la salida ya instalada de que los jueces con su recorte solucionarán los problemas presupuestarios de Mendoza. Por ahora quienes comenzarán a “ajustarse” son los secretarios de cámara, de juzgados y los prosecretarios, ya que a partir de agosto y por disposición de la Corte, deberán marcar tarjeta –con reloj y todo- con un nuevo horario de cierre, 14:30.