El caso se dio cuando la Dirección Provincial de Trabajo de Murcia rechazó una solicitud de trabajo formulada por un inmigrante por no ser presentada conforme a derecho, ya que según explicaba existía “falta de justificación de la oferta".
Cuando el alto tribunal analizó el caso destacó que según la jurisprudencia la Administración debe comprobar que su actuación merece la conceptuación de objetiva, mediante “la motivación de sus actos" y que esta es necesaria para el debido conocimiento de las razones de la decisión administrativa por los interesados en términos que haga posible la defensa de sus derechos e intereses".
En ese sentido, los jueces destacaron que es estos casos es "necesario" que las resoluciones administrativas argumenten sobre las circunstancias concretas, "teniendo en cuenta las alegaciones del interesado".
Sobre esa línea el cuerpo advirtió que los actos administrativos, como el tratado en el caso debatido, que no cumplan con este requisito incurren en causa de “anulabilidad por insuficiente motivación".