Di Lello sugirió al magistrado una serie de medidas de prueba tras evaluar que debe darse impulso a la denuncia que presentaron el ministro de defensa, José Pampuro, y el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde, argumentando el fiscal que si la orden partió del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, con sede en la Capital Federal, la justicia porteña es competente para investigar el caso, pese a que los hechos se habrían cometido en una guarnición militar cordobesa.
“La actividad denunciada se habría realizado en diversos lugares de la República Argentina y en virtud de una decisión centralizada, la investigación deberá extenderse no sólo a los hechos de las constancias acompañadas, sino también a las prácticas de comando y de la denominada Unidad Didáctica Resistencia como Prisionero de Guerra, Evasión y Escape”, explicó en su dictamen el fiscal.
Di Lello aclaró además que, sobre los responsables de las supuestas torturas, “no es posible por el momento realizar una imputación concreta a persona alguna” aunque entiende que “resultan imputados quienes hayan decidido, dirigido y/o participado en aquellos hechos que sean susceptibles de reproche penal”.
Por ello, el fiscal sugirió a Oyarbide la necesidad solicitar al Ministerio de Defensa un informe en el que figuren “las fuerzas armadas que participaron de las actividades denunciadas, períodos y lugares en que las mismas se realizaron, así como personal de comando y participantes”, además de “resoluciones y normativa administrativa relacionada con la instrucción de cuadros, contemporánea con las fechas de los hechos”.
En este sentido, requirió además al juez que envíe una copia certificada de las “actuaciones preliminares” que realizó el Ministerio sobre las supuestas torturas, y que todos estos datos se reclamen también al Ministerio de Justicia, de quien dependerían otras “fuerzas de seguridad” supuestamente involucradas, como la Prefectura.
Las torturas y vejámenes a supuestos prisioneros se habrían registrado en una guarnición militar de Córdoba ubicada en un campo despoblado de la zona de Quebrada de la Cancha, y se presume que se cometieron durante plena vigencia de la democracia, entre 1986 y 1994.
Según precisaron organismos de derechos humanos, tanto quienes impartían los tormentos como los que los recibían eran efectivos militares y de fuerzas de seguridad, en tanto que se conocieron los hechos en base a material fotográfico que llegó a manos del secretario de Derechos Humanos, donde se muestra a personal militar “cometiendo hechos deleznables en perjuicio de personas desprovistas de ropa”.