La resolución, firmada el 30 de diciembre último pero que trascendió luego de la feria judicial, confirmó también los autos de procesamiento de la escribana María Noel Devoto y de la contadora pública Susana Cristina Cirigliano, quien quedó detenida porque tenía una condena anterior.
Las dos mujeres también participaban de la constitución formal de unas 50 empresas que –aunque legales- no registraban actividad alguna, y sólo servían para la maniobra de ventas de facturas, según se desprende de la resolución, que se adjunta íntegra.
La causa se originó en una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y los jueces Marcos Arnoldo Grabivker y Carlos Alberto Pizzatelli, estimaron como acreditado que las mismas personas físicas figuran como integrantes de diversas sociedades y que también se repetían los domicilios , aunque se trataba de “objetos sociales de una amplitud y heterogeneidad incompatibles con el hecho de estar integradas por las mismas personas físicas”.
En el fallo se indica que “el objetivo de la creación meramente formal de las sociedades involucradas habría consistido, prima facie, en la realización de operaciones simuladas de compraventa de bienes y servicios con contribuyentes con actividad real, mediante las cuales estos últimos habrían generado costos o créditos fiscales ficticios y, de este modo, habrían reducido indebidamente la base de cálculo de los tributos a cuyo pago estaban obligados”.
Señalaron lo magistrados que “los objetos sociales de algunas de las personas jurídicas investigadas serían especialmente heterogéneos, lo cual respondería -en principio- a la necesidad de contar con un amplio y ambivalente espectro de actividades disponibles, a los fines de satisfacer los requerimientos de los distintos “usuarios” del servicio”.
Para los jueces, existiría una “asociación ilícita” porque el grupo “estaría integrado por más de tres personas y el desarrollo de la actividad investigada se habría prolongado, por lo menos, durante los años 1996 y 1997”.
“Por la división de funciones que se advierte a partir de los roles cumplidos por cada uno de los imputados, se encontraría acreditada la existencia de un acuerdo o pacto entre aquéllos”, remarcaron los camaristas.
Además, los jueces ordenaron que en primera instancia se cite a prestar declaración indagatoria al escribano José Luis De la Torre, y a la abogada María Elena Real De Azúa, además de los hijos del supuesto organizador de la asociación ilícita, Gabriel y Enrique quienes habrían “trabajado” conjuntamente con este último.