El juez en lo Penal Económico Julio Cruciani lanzó una “convocatoria al pueblo” para manifestar que las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el monto a pagar de la deuda externa argentina es “una causa nacional de vida o muerte”. “Que el mundo del dinero, el Fondo y los prestamistas sepan que despertamos y esta vez estamos todos unidos y de pie, en defensa de nuestra supervivencia, hasta las últimas consecuencias”, reza la convocatoria que el magistrado hizo distribuir entre los periodistas acreditados en los Tribunales Federales de Retiro. “El actual gobierno quiere pagar pero con lo que sobra de la recaudación y no con la comida y la subsistencia nuestra”, advirtió el magistrado. “Sugiero que las organizaciones no gubernamentales, cámaras de pequeños comerciantes, entidades profesionales, PYMES, mis colegas de la Asociación de Magistrados, etc. se manifiesten públicamente y convoquen a la presencia física del pueblo en los distintos lugares del país”, convocó el magistrado.
Multa millonaria
El ente regulador de las telecomunicaciones de Venezuela ordenó al mayor proveedor de telefonía móvil del país, Telcel, una unidad de la estadounidense BellSouth, a pagar 23,7 millones de dólares en multas e intereses por impuestos no pagados. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) explicó en su página web que la investigación que realizó a Telcel desde junio de 2002 descubrió “tributos dejados de pagar por la cantidad de 12,5 millones de dólares”, por lo que “se impusieron multas por contravención por la cantidad de 13,5 millones de dólares y se verificaron intereses moratorios por 10,2 millones de dólares”. Telcel es la líder del mercado de telefonía móvil de este país latinoamericano de 25 millones de habitantes, donde también ofrece servicios de acceso a Internet y transmisión de datos. Conatel explicó que Telcel dispondrá de 30 días hábiles desde que sea notificado oficialmente del procedimiento para pagar la suma o podrá “continuar ejerciendo su derecho a la defensa mediante la interposición de los recursos administrativos y/o judiciales que le otorga la Ley”. Esta sanción se enmarca en la línea bajada desde el gobierno de Hugo Chávez, quien lanzó una campaña de tolerancia cero contra los ilícitos tributarios y la evasión de impuestos.