El gobernador pretende que el cuerpo que creará por decreto inicie la discusión sobre la base de ese borrador, que abarca la controvertida propuesta de evaluar en forma periódica el desempeño de los jueces y fiscales dentro de parámetros que tengan en cuenta aspectos cuantitativos y cualitativos.
Sin embargo, esa propuesta no sería una medición de "productividad" que tenga en cuenta sólo el número de sentencias o de diligencias judiciales. La iniciativa para reformular el Poder Judicial provincial también incluye la modificación del sistema de enjuiciamiento de juzgados por mal desempeño.
En ese caso, la intención oficial es plantear que la morosidad judicial es causal de mal desempeño o bien que los jueces y fiscales poco productivos tengan que revalidar sus cargos cada cuatro o cinco años, mientras que también el borrador promueve la división de la Procuración de la Suprema Corte provincial, cargo que actualmente ejerce Eduardo De la Cruz, como jefe de los agentes fiscales y de los defensores oficiales y de pobres ausentes.
Con la reforma se pasaría a tener un procurador fiscal y un procurador de la defensa, -similar a lo que ocurre a nivel nacional- en tanto que Solá aspira a que los cambios que pretende introducir en el área judicial sirvan para instalar entre la ciudadanía la idea de que su administración apunta a llevar la Justicia "más cerca de la gente".
Respecto de la conformación de la nueva comisión, trascendió que será presidida por la vicegobernadora Graciela Giannettasio y que estará integrada por el ministro de Justicia, la Suprema Corte provincial, la Asociación de Magistrados, el Colegio de Abogados, los presidentes de bloques de las dos cámaras y de las comisiones vinculadas con el ámbito judicial.
Anteriormente, el fiscal de Juicio del departamento judicial La Plata, Marcelo Romero, había advertido al respecto que quienes evalúen a los magistrados deberán poseer "conocimientos técnicos y científicos superlativos", y que además "sería interesante que el gobierno provincial se dedique a observar de cerca como se trabaja por ejemplo en una fiscalía de instrucción".
El representante del ministerio público había sugerido a Solá "que haya una suerte de auditores en fiscalías, en juzgados de garantías y en demás organismos judiciales para que vean no solamente los resultados sino los medios y elementos con que ellos se producen”.
Las modificaciones en el Poder Judicial constituyen sólo una parte de la reforma constitucional que proyecta poner en marcha el mandatario provincial en los próximos meses, ya que Solá quiere, además, producir diversos cambios en materia política, en especial en las formas de representación y en los mecanismos de control de legalidad.