Se trata del guardiacárcel del Servicio Penitenciario Federal Pablo Jesús Giménez, quien el 12 de mayo de 1999 mató por la espalda a Miguel Ángel Arribas, de 23 años, cuando este intentó escapar durante un traslado, en la zona de los tribunales porteños.
Arribas no era un preso cualquiera: era testigo de las presuntas salideras que se organizaban en el Servicio Penitenciario Federal para asaltar comercios y restaurantes, que quedó al descubierto con el fallido robo al restaurante Dolli en la Capital Federal, que le valió una serie de rotundas amenazas al juez Alberto Baños.
Arribas intentó escapar cuando, al bajar del camión celular, notó que tenía las esposas mal colocadas. El guardiacárcel Giménez, en tanto, le disparó con su arma reglamentaria, impactándole en un glúteo.
El disparo cercenó la vena cava y Arribas comenzó a perder mucha sangre, aunque los penitenciarios obligaron al médico de emergencias a atender primero a Giménez que apenas sufrió un golpe. Arribas murió desangrado poco después, sin llegar al hospital, relatan los querellantes de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), que representan a la familia de la víctima.
La causa quedó en manos del titular del Juzgado en lo Criminal 17, el juez Fernando Rodríguez Lubary, quien en febrero de 2001 sobreseyó a Giménez por considerar que actuó en ejercicio legítimo de su deber.
La decisión fue apelada y la Cámara del Crimen revocó el sobreseimiento, indicando que no había elementos que justificaran la acción del guardiacárcel, porque existían otros medios para detener la fuga.
Así, el juez de primera instancia revisó el sobreseimiento y procesó a Giménez por “lesiones graves”, a pesar que el disparo ocasionó un homicidio y así elevó la causa a juicio oral. Rodríguez Lubary, sostuvo que éste no había tenido intención de matar a Arribas, sino sólo de lesionarlo porque el tiro en un glúteo indicaba que no había disparado a un lugar idóneo para causar la muerte.
Giménez, por su parte, argumentó en declaración indagatoria que aseguró que quiso tirar a las piernas de Arribas, que huía corriendo por la vereda, pero que el disparo le salió “un poco alto”, porque el arma “rebotó” al dispararse.
“En el primer día de audiencias, diremos que como se trata de un caso de lesiones graves, se cite a la víctima a declarar”, ironizó con un dejo de amargura la abogada de CORREPI María Del Carmén Verdú. El pedido, claro, será otro: que durante el juicio se cambie la carátula a la de homicidio.
Testigos en peligro
Arribas era uno de los testigos del presunto plan de agentes del Servicio Penitenciario Federal para salir a robar con convictos, el mayor escándalo de corrupción en el Servicio Penitenciario Federal, que quedó al descubierto cuando uno de ellos murió en el restaurante Dolli.
Uno de los ladrones, Maximiliano Gastón Noguera, había dejado una carta en la que decía que si le pasaba algo, el que sabía todo era Miguel Arribas. Al poco tiempo de la muerte de Arribas a manos del guardiacárcel Giménez, un interno del SPF, Mario Sandez Tejada, mató a Noguera. El asesino al tiempo empezó a hablar: apareció muerto de 36 puñaladas en su celda del penal de Marcos Paz.
No fue el último, Lucas Ricardo Carrizo de 21 años, estaba en el mismo pabellón que Sández Tejada, y apareció ahorcado en su celda apenas unas semanas antes de obtener la libertad condicional.
La relación entre los asesinatos y las salideras fue referida incluso por los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal 8, quienes al absolver a un cómplice de Sandez Tejada dieron por acreditado que miembros del Servicio Penitenciario tenían interés en que Noguera fuera asesinado porque era peligroso que declarara ante Baños.