04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Investigación mancomunada

La Secretaría de Derechos Humanos de Tucumán y una ONG de abogados firmaron un convenio por el cual la entidad de letrados comenzará a investigar los crímenes que se cometieron en esa provincia durante la última dictadura, con el fin de llevar los resultados obtenidos a la justicia federal.

 
De ese modo, por medio del convenio firmado entre la organización Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) tendrá a su cargo llevar a cabo un detallado informe sobre los abusos que se cometieron en la provincia durante la última dictadura militar.

Por medio del acuerdo, la Secretaría de Derechos Humanos derivará a ANDHES aquellas denuncias relacionadas con los crímenes de lesa humanidad y la ONG se encargará de investigar los hechos y presentar a la Fiscalía Federal los casos que sean pertinentes, previa elaboración de la estrategia jurídica.

En ese sentido, desde ANDHES destacaron que el principal objetivo que se perseguirá con el trabajo es que la justicia reconozca el plan sistemático de genocidio que se práctico durante el último gobierno de facto que azotó al país y que además todos los culpables sean penados.

Durante 1985 y 1999 Tucumán no investigó este tipo de delitos a raíz de que un fallo de la Corte Suprema de la Nación le quitó a la provincia la competencia para investigar los delitos cometidos durante la dictadura militar, por lo cual las denuncias realizadas hasta entonces se habían remitido a Córdoba.

En 1999 un nuevo pronunciamiento del alto tribunal le devolvió a la provincia la competencia sobre esos temas por lo cual las investigaciones sobre los mismos están poco avanzadas. Hasta el momento se esta trabajando sobre unas 600 denuncias de desapariciones en las cuales está interviniendo el fiscal Emilio Ferrer junto a la ONG de abogados.

Entre los asesores de ANDHES, figuran el decano de la Universidad de Palermo, Martín Bhömer; Roberto Saba, de la Asociación por los Derechos Civiles y Víctor Abramovich, director del Centro de Estudios Legales y Sociales.



dju / dju
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