El canciller Rafael Bielsa declarará mañana como testigo, en la causa por las supuestas "coimas" entre el Senado de la Nación y el Poder Ejecutivo durante el gobierno de la Alianza para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, en un testimonio en el que el ex presidente Fernando De la Rúa pidió estar presente, pero el juez Rodolfo Canicoba Corral no se lo permitió, confirmaron fuentes judiciales. Bielsa fue convocado por el juez Canicoba Corral a raíz de declaraciones periodísticas en las que aseguró que, cuando era titular de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), la Casa Rosada "obstaculizó" una investigación suya sobre los fondos de la secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). El canciller también se refirió a "problemas" que se le plantearon desde el poder político y citó un "dictamen secreto" del entonces Procurador del Tesoro, Ernesto Marcer, que le impidió auditar los fondos de la central de inteligencia. Mañana culminarán además las declaraciones de ex edecanes presidenciales, con el testimonio del ex jefe de la Casa Militar, Julio Hang. Hoy declaró el capitán de Navío Carlos Castro Madero, quien aseguró que nunca vio al arrepentido Mario Pontaquarto en la Casa de Gobierno.
Contrareforma
El Senado podría mañana aprobar finalmente el proyecto de reforma laboral que derogará la controvertida y cuestionada norma que fuera sancionada en el año 2000 durante el gobierno del ex presidente Fernando de la Rúa. El acuerdo se alcanzó el último jueves cuando el bloque de senadores justicialistas acordó con el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, realizar sólo dos cambios al proyecto de derogación y modificación de la ley. Desde el Poder Ejecutivo pretenden que la nueva ley quede sancionada antes del inicio de las sesiones ordinarias y que su entrada en vigencia sea anunciada por el presidente Néstor Kirchner en su discurso ante la Asamblea Legislativa del 1 de marzo.
Defensa pública
Distintos representantes de Defensorías Públicas de América Latina disertaron en Río de Janeiro sobre el futuro de la defensa pública oficial en la región y sobre el nuevo Tribunal del Mercosur, de reciente creación. Los representantes de los distintos países consideraron que al Ministerio Público de Latinoamérica le cabe una activa participación, ya que la cooperación interinstitucional entre las defensorías de América, hace a la necesidad de coordinar objetivos y políticas que permitan tener injerencia en los temas a tratar en el nuevo Tribunal del Mercosur, como también contribuir activamente fijando políticas de Estado en materia de Derechos Humanos, control de las garantías constitucionales y el debido proceso legal. En la reunión, la defensa nacional de Argentina, fue representada por Miguel Romero.
Designación
Por el decreto 215/2003 del gobierno de la ciudad de Buenos Aires publicado hoy en el Boletín Oficial, se designó a Alejandra Tadei como Procuradora General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cesando como Subsecretaria de Control de Legalidad de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.
Renuncia
El presidente Néstor Kirchner aceptó mediante el decreto 211/2004 -publicado hoy en el Boletín Oficial- la renuncia presentada por Nicolás Becerra al cargo de Procurador General de la Nación. Recordemos que Becerra aceptó finalmente la propuesta realizada desde el gobierno para ocupar un cargo de juez en el Tribunal Permanente del Mercosur.
Estudio
El Tribunal Internacional de la Haya comenzó hoy -y se estima que se extenderá a lo largo de 3 días- a estudiar la legalidad de la construcción del muro llevada adelante por el gobierno de Ariel Sharon, basada según señalaron en motivos de defensa propia para evitar ataques suicidas. En la audiencia, Israel no está participando en razón de que niega competencia al tribunal internacional, en tanto que el portavoz del gobierno palestino Nasser al Kidwa, condenó la construcción a la vez que expresó que el muro "no es para la seguridad" sino para "consolidar la ocupación y la anexión de hecho de grandes sectores del territorio palestino". Los palestinos afirman que la barrera no es legítima por ocupar su territorio, además de los perjuicios económicos, sociales y morales que provoca en la población palestina. Israel comenzó a construir el muro en 2002, luego del recrudecimiento de la violencia palestino-israelí y las audiencias en el Tribunal Internacional llegaron a raíz de una petición palestina avalada por la Asamblea General de la ONU para definir si Israel está obligado a derribar su barrera, de hasta ahora unos 180 kilómetros.