El legislador ya había presentado una propuesta similar cuando se desempañaba como ministro de Justicia, en 2002. En ese momento la iniciativa "no tuvo eco y sufrió una fuerte oposición de los miembros del Consejo."
El nuevo proyecto responde a numerosas críticas que se han hecho, en los últimos tiempos, contra el funcionamiento del organismo. "Hay fallas que pueden ser modificadas por la reforma de la ley pero también hay fallas que están en el articulado de la Constitución que le otorga un exceso de atribuciones al Consejo. No puede haber dos órganos supremos dentro del mismo Poder Judicial" dijo Vanossi. Las principales reformas propuestas son las siguientes: reducir el número de integrantes del Consejo, pasaría a estar conformado por 12 personas (el presidente de la Corte, tres jueces, dos representantes del Poder Legislativo, tres representantes del estamento de los abogados, un representante del Poder Ejecutivo Nacional y dos académicos), establecer una prohibición para que ningún consejero o asesor pueda concursar hasta un año después de que abandone el puesto, reducir el quórum para sesionar, llevándolo a 7 consejeros, y convertir al Jurado de Enjuiciamiento en una órgano no permanente integrado por sólo seis miembros.
Para saber cuál es la opinión de los integrantes del cuerpo, consultamos a las diputadas Marcela Rodríguez (ARI) y Leila María Chaya (PJ) y a los consejeros Joaquín Da Rocha, Claudio Kiper y Eduardo Orio.
Integrantes del Consejo
El art. 1 del proyecto de Vanossi propone una reducción de los miembros del Consejo de la Magistratura que, de ser aprobado, pasaría a funcionar con 12 consejeros, ocho menos de lo que tiene hoye en día. Con esta modificación perderían seis integrantes el estamento de los legisladores, uno el de los jueces y otro el de los abogados. “De acuerdo a la composición que le ha dado la ley al Consejo, ya que en la Constitución no figuró ni el número ni las proporciones de los distintos sectores, más que un Consejo se parece a un Parlamento o a un Congreso. Es un órgano que está ya desde su origen inclinado o tentado a politizarse”, afirmó Vanossi. La propuesta fue recibida por los consejeros con bastante cautela. De hecho, las reformas importantes son las que mayores oposiciones reunió.
Para el Dr. Eduardo Orio, integrante de la comisión de selección, “la institución no experimenta ningún tipo de dificultad operativa que pueda vincularse con su actual composición”. Y agregó: “al reducirse sus miembros, éstos deberían integrar prácticamente todas las comisiones si se quiere mantener una adecuada participación de los distintos sectores y tendencias. En cualquier caso, es claro que si existe únicamente un representante de cada cámara del Congreso, sólo los bloques mayoritarios tendrán voz en el Consejo. Algo similar ocurrirá con la representación de los jueces”.
Por su parte, la diputada Marcela Rodríguez (ARI-Buenos Aires), integrante de la comisión de acusación, también se mostró en contra de esta modificación. “La dificultad que advierto es que habría un predominio del estamento judicial y además se eliminaría la representación de las minorías parlamentarias. No es razonable que quienes representen la voluntad popular tengan la misma o menor representación que los sectores académicos”, dijo.
Con argumentos similares, la diputada del PJ y presidenta de la comisión de acusación, Leila María Chaya, rechazó una modificación de la actual integración del Consejo. “Me parece poco prudente si revisamos la historia previa a la sanción de la ley 24.937. Los legisladores trabajamos en las respectivas cámaras del Congreso y en el Consejo con dedicación y responsabilidad”, afirmó. Sin embargo, admitió que “nos falta una buena comunicación con toda la comunidad argentina”.
En la vereda de enfrente, Claudio Kiper, representante de los jueces en el Consejo, celebró la iniciativa. “Tal como sucede en varios países de Europa, el Consejo debe estar integrado por una mayoría de jueces. De tal forma, además de reducirse la composición, debe aumentarse la presencia de magistrados en el Consejo”.
Otro de los consejeros que apoyaron una reducción de los integrantes del organismo es el Dr. Joaquín Da Rocha, representante del Poder Ejecutivo. Sin embargo, Da Rocha propuso una reducción menos drástica, con sólo 15 miembros, incluidos “cuatro representantes designados por el Poder Legislativo, entre juristas de reconocido prestigio y con especial conocimiento de la materia judicial”. Y fue mas allá: “En forma previa a la designación debería darse a conocer públicamente los nombres y antecedentes curriculares de las personas en consideración y posteriormente someter la propuesta a un procedimiento de consulta pública”.
El proyecto de Vanossi, a decir verdad, contempla la posibilidad de elegir o no a legisladores para cubrir esas bancas, pero no hace mención a ningún tipo de requisito previo.
Selección de Jueces
El proyecto del legislador del macrismo también propone agilizar el proceso de designación de magistrados, que está a cargo de la Comisión de Selección. “Estimo que el proceso de selección de jueces que está reglado en la ley es realmente lento. Mientras las vacantes suben por ascensor japonés de última generación a muy alta velocidad, la cobertura de esas vacantes se producen por un ascenso con borceguies y a través de la escalera. Los concursos tienen que ser ágiles. Debe ser una cuestión de escasos meses. De lo contrario, se distorsiona todo el sistema”, sostuvo Vanossi.
La mayoría de los consejeros, incluidos los miembros de la comisión de selección, concuerdan con la necesidad de agilizar los tiempos de las designaciones pero rechazan las críticas dirigidas al Consejo por esta situación.
“El Consejo introduce continuamente reformas a su reglamentación con este objetivo. No debe olvidarse que las pautas esenciales del procedimiento han sido establecidas por ley y que el nombramiento de un juez es, finalmente, atribución del Presidente de la República, con acuerdo del Senado” aclaró Orio. A título de ejemplo mencionó que “el Consejo remitió la primera terna al Poder Ejecutivo el 12 de julio de 2000, pero la primera designación de un magistrado sólo se produjo por un decreto del 20 de junio del año siguiente”. Por último, advirtió que “el último pedido de acuerdo al Senado se remonta al 22 de mayo de 2003”.
Da Rocha fue mas allá y estimó que “sería conveniente implementar un mecanismo que contemple concursos para generar ternas anticipadas a las vacantes, con competencia en áreas jurídicas definidas y validez de dos años. A partir de este procedimiento podrían enviarse inmediatamente nóminas vinculantes de candidatos al Poder Ejecutivo”
Por su parte, Kiper puso la lupa en los jurados que elige la comisión de selección, algo que también hace referencia el proyecto. “Los jurados deben ser notoriamente superiores a los concursantes, lo que no siempre ha sido así”, sentenció.
Jurado de Enjuiciamiento
Otra de las modificaciones sustanciales que incluye el proyecto de Vanossi tiene que ver con el número de integrantes del Jurado de Enjuiciamiento, encargado de destituir a los jueces, y su funcionamiento. Actualmente este organismo cuenta con nueve miembros.
Si se aprueba el proyecto, pasaría a funcionar con sólo seis personas. “Durante el tiempo que me desempeñaba en el Ministerio de Justicia, el Jurado de Enjuiciamiento, como órgano permanente y con integrantes equiparados en rango y sueldo a los camaristas, tenía tres caos de los cuales uno sólo estaba pendiente de solución. Y en ese momento, contaba con un total de 75 funcionarios. La propuesta es reemplazarlo por el sistema que domina en la mayor parte de las provincias, o sea también jurados de enjuiciamiento, pero establecidos ad hoc, es decir, a los efectos del caso concreto” explicó Vanossi.
La intención de transformar al Jurado de Enjuiciamiento en un órgano no permanente, que se “integrará en cada ocasión en que se produzca acusación por el Consejo de la Magistratura”, no fue bien recibida por la diputada Chaya. “Hay que ser cuidadosos porque se requiere tiempo, dedicación y estudio y estar compenetrado de la praxis de esta función”, aclaró la legisladora del PJ .
Por su parte, el Dr. Orio manifestó ciertos reparos sobre el número par de integrantes que tendría el Jurado. “Si bien no incidiría al momento de adoptar la decisión de remover o absolver a un juez porque está prevista una mayoría especial, podría bloquear su funcionamiento en otro tipo de resoluciones ya que la iniciativa nada prevé para el caso de empate en una votación”, señaló.
El resto de consejeros se mostraron, en líneas generales, a favor de esta iniciativa. “Me parece acertada la propuesta de generar un cuerpo ad hoc, tal como sucede en el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público de la Nación”, aseguró Da Rocha. En esta misma línea se manifestó Claudio Kiper. “Coincido con la propuesta pues no veo el sentido de abonar retribuciones a algunos miembros del Jurado, y a su personal, cuando sólo debe funcionar en el caso de alguna acusación”. No obstante, consideró que “en el Jurado debería haber más presencia de magistrados”.