Así, la juez federal María José Sarmiento, a cargo del juzgado de feria en lo Contencioso Administrativo decidió no habilitar la feria a una decena de escritos interpuestos por los letrados de militares en actividad, que por no estar bajo la órbita de convenios colectivos de trabajo no recaen en la Justicia del Trabajo. La magistrada consideró que la inminente finalización del receso judicial de invierno –mañana- hace poco práctico avanzar en un expediente que tomará a partir del lunes un juez natural.
En tanto, en la justicia laboral varios sindicatos interpusieron una medida cautelar autónoma “ómnibus” solicitando la suspensión de los efectos de la norma, acompañada por un pedido de inconstitucionalidad de los artículos 14 y 15 de la ley, que prohíben a los jueces dictar medidas de “no innovar” cuando están en juego los recursos del Estado.
El escrito, que será resuelto mañana por la juez de feria Sara Nieves Silva –que hoy habilitó la feria-, fue presentado por los abogados de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (Utpba), de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) y de los trabajadores agremiados en la industria del neumático.
En los hechos, son los mismos actores que habían atacado la legitimidad del decreto 896 quienes ahora vuelven a interponer recursos contra la decisión del Poder Ejecutivo de recortar salarios y jubilaciones, aunque ahora está avalada por el Congreso Nacional a través de la sanción de la ley 25.453, cuya constitucionalidad también ha sido puesta en duda.
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