04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Conflicto de poderes que terminó en procesamiento

La justicia de Entre Ríos procesó al ex gobernador provincial Sergio Montiel por incumplir sus deberes de funcionario al no promulgar una ley votada por la Asamblea Legislativa local que protegía a ahorristas del banco BERSA.

 
El ex gobernador entrerriano Sergio Montiel se convirtió en el primer ex mandatario provincial procesado por la justicia, según el fallo del juez de instrucción Héctor Toloy, que lo encontró responsable de “incumplimiento de deberes” de funcionario público.

La causa contra el ex mandatario –de extracción radical- la inició el nuevo gobierno provincial, por no haber publicado la ley mediante la cual la legislatura local rechazó el veto que dejó sin efecto un fideicomiso suscripto entre la provincia y el Banco de Entre Ríos (Bersa), que permitía ejecuciones a deudores en mora.

El juez Toloy consideró “claramente reunidos elementos de Ponderación” para determinar que el ex goberanador Montiel “tuvo el claro propósito de no promulgar ni publicar la ley” que dejaba sin efecto un veto del ejecutivo provincial a una norma anterior.

El convenio de fideicomiso, por el cual el Estado le transfería al Bersa la gestión y el cobro a deudores de impuestos provincial fue rechazada por la legislatura provincial, pero el gobernador Montiel vetó la norma.

De inmediato, la Asamblea Legislativa, constituida por los senadores y diputados provinciales, ratificó la derogación del convenio con el banco, por lo que el veto del Ejecutivo quedó definitivamente eliminado.

Entonces Montiel, decidido a no torcer el brazo no publicó en el Boletín Oficial el rechazo legislativo, y permitió que el banco iniciara unas 8.500 ejecuciones contra deudores del Estado provincial.

El juez que ahora procesó a Montiel entendió que esta actitud “violenta gravemente el principio de división de poderes que consagra la Constitución provincial” y lo deja ubicado “en un escalón superior al resto de los poderes del estado”.

Los abogados defensores de Montiel, Fermín Garay y Leandro Dato, ya anunciaron que apelarán la resolución del juez Toloy porque el fallo “se ajusta sólo al Código Penal sin tener en cuenta la situación que precedió a la decisión del gobernador”, porque era “un clima enrarecido y hostil para las instituciones debido a que la Legislatura declaraba de manera permanente la nulidad de todas las medidas de gobierno”.

En cambio, la fiscal Claudia Mizawak aseguró que “el delito de omisión de los deberes de funcionario público es formal y doloso”, por lo que la única forma “de demostrar la inocencia del ex gobernador era la publicación en el Boletín Oficial” de la ley involucrada.



dju / dju
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