Fue publicado en el Boletín Oficial el Reglamento de Subrogaciones de los tribunales inferiores de la Nación aprobado el 18 de marzo por el pleno del Consejo de la Magistratura, tal como lo adelantara Diariojudicial.com. La aprobación fue realizada mediante la resolución 76/2004 y entra en vigencia a partir del día de su publicación. El mismo operará ante casos de recusación, excusación, licencia, suspensión, vacancia u otro cualquier impedimento de los jueces de los tribunales inferiores de la Nación. La norma dispone que a partir de la entrada en vigencia del presente reglamento, las subrogaciones cubiertas de conformidad con el régimen hasta ahora vigente caducarán en el plazo que establezca el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación en cada caso, debiendo adecuarse al sistema establecido por este reglamento, excepto cuando se trate de magistrados jubilados convocados al efecto. Así a los efectos de la implementación inmediata del reglamento se establece que, para el año en curso, las listas de abogados y funcionarios a los que se refiere este Reglamento deberán confeccionarse por quien corresponda, dentro de los treinta 30 días contados a partir de su entrada en vigencia. (Texto completo al final)
Compulsivo
Así lo solicitó el fiscal Rubén Sarlo, ante un tribunal de La Plata, en la tercera jornada del juicio que se le sigue a Humberto Daniel Ordóñez, luego de que la defensa del acusado advirtiera ciertas nulidades en la causa, referidas a los primeros cotejos de ADN que vincularon al imputado con las víctimas de los abusos sexuales. El pedido del fiscal Sarlo será resuelto por el Tribunal Oral I a cargo del juicio, integrado por los jueces Guillermo Labombarda, Samuel Saraví Paz y Patricia de la Serna, aunque durante la audiencia, Ordóñez adelantó que se negaría a que le saquen sangre. El código procesal obliga a los fiscales a comunicar todos los peritajes a los acusados para “su debido control”, y el Tribunal Oral decretó la nulidad de las huellas y el primer cotejo de ADN, un estudio de sangre ordenado como prueba por el supuesto abuso sexual calificado a una vecina platense, en el domicilio de la calle 40 al 1300.
Intervención
La juez con competencia electoral, María Romilda Servini de Cubría, dispuso la intervención del Partido Justicialista de la Capital Federal cuando consideró que la estructura del mismo se encontraba acéfalo según los dispuesto en la carta orgánica de la fuerza. Según la resolución el interventor será Ramón Ruiz, quien tendrá la función de normalizar la situación del partido y llevar a cabo las medidas necesarias para llegar a ese fin.
Declaración y ratificación
La interventora del PAMI, Graciela Ocaña, ratificó bajo juramento ante el juez Norberto Oyarbide que el ex presidente Carlos Menem tiene “testaferros” para ocultar sus bienes y aseguró que “existen elementos para probar su culpabilidad”. La diputada nacional en licencia y encargada actualmente de la intervención del PAMI, le dijo a Oyarbide que Emir Yoma, ex asesor de Menem y hermano de su ex esposa, Zulema Yoma, y el ex secretario privado del primer mandatario, Ramón Hernández, son “algunos de los testaferros” de Menem, quien tiene que presentarse a declarar en la causa el próximo 1° de abril. “Menem sabe que existen elementos para probar su culpabilidad y pretende seguir con la impunidad que ha gozado hasta aquí”, opinó Ocaña al salir del despacho del juez, tras la declaración que se extendió algo más de dos horas. Oyarbide citó a Ocaña para que brindara datos vinculados con la investigación que realizó en la Comisión de Lavado de Dinero de la Cámara de Diputados de la Nación, sobre las supuestas cuentas bancarias que Menem tendría en el exterior. Con esa información en la mano, Ocaña ratificó sus sospechas de que Yoma, Hernández y el ex sub-secretario de la Presidencia Héctor Fernández “son algunos de los testaferros de Menem” y aseguró que “ratificó todas y cada una” de las denuncias contra el ex mandatario. Según Ocaña, la investigación de Oyarbide debería extenderse a “una cantidad importante de sociedades constituidas a partir de 1990 y que encubren bienes que son utilizados por la familia política”.