04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

In Voce

 
ADUSTO. Se lo ve al fiscal en lo Penal Tributario José Barbaccia en el amplio piso que comparte con otros colegas y varios empleados en el tercer piso de un edificio de la AFIP sobre la avenida 9 de Julio, donde fueron instalados todos los fiscales del nuevo fuero. El mismo gesto concentrado que mostró esta semana cuando concurrió al juicio oral y público por el atentado contra la AMIA pero no para acusar, como sí lo hizo en enero, sino para defenderse de las imputaciones de la defensa del preso más añejo del caso, Carlos Telleldín, que lo recusó junto a su colega de la Fiscalía Federal 9, Eamon Mullen. Según dijo el mismo Barbaccia en el juicio y antes en un programa de televisión por cable, el embate en su contra es lógico, porque sigue la misma línea que el que sufriera –y sufre- el juez Juan José Galeano. “Lograron que apartaran al juez, y ahora siguen por nosotros” repite el fiscal. Sin embargo, observadores agudos de la causa judicial más compleja y extensa del fuero federal apuntan otro argumento, que Barbaccia –al menos en público- calla. Y es que, cual tenaza, el otro extremo del embate es la diputada nacional y ex encargada de la Unidad Especial de Investigaciones (UEI) del atentado, Nilda Garré, quien hace algo más de una semana presentó un pedido de enjuiciamiento para los dos fiscales en la Procuración General de la Nación, justo cuando el Consejo de la Magistratura se aprestaba a enviar al Poder Ejecutivo las propuestas de nombres para ocupar los cuatro juzgados vacantes en el siempre caliente fuero federal de la Capital, entre los que figura –y en segundo lugar- el mismísimo Barbaccia. El interés de Garré en que Barbaccia no sea juez (y también en que Galeano deje de serlo) no es secreto para nadie, lo que llamó la atención a nuestros informantes es que la presentación en la Procuración se hizo un día después del anuncio a los medios, entre ellos, DiariodelJuicio.Com, que hizo periodismo de anticipación y la publicación adelantada de la denuncia, por esas carambolas de la información -donde todos leen todo-, sirvió para que el consejero por los abogados, Beinusz Smukler, pidiera a último momento la exclusión de Barbaccia de la lista de candidatos, lo que no prosperó. Queda por ver si la abundante mayoría que obtuvo la postulación de Barbaccia en el Consejo (quedó segundo en el orden de mérito, detrás del también fiscal Eduardo Freiler) le alcanzará para sortear los últimos filtros: el presidente Néstor Kirchner y el Senado de la Nación. Lo cierto es que el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG hoy por hoy con fuerte predicamento en despachos de la Rosada, ya adelantó que objetará la candidatura de Barbaccia cuando se abra el proceso de impugnaciones públicas. Los enemigos están a la vista, ¿y los amigos para cuándo?

CONFLICTO ON THE ROCKS Un trámite judicial de rutina entre Argentina y Chile casi desata un inesperado problema diplomático. Pero por ahora, y gracias a que frío sobra en las heladas latitudes fueguinas, en el país trasandino la cancillería se encargó de poner por ahora en el freezer este pequeño gran problema. Resulta que un exhorto judicial enviado por un Juzgado Federal de Ushuaia inició una polémica con Chile. Sucede que un sencillo expediente de rutina fue rechazado en primera instancia por la Suprema Corte de Justicia transandina, porque al pie del documento figuraba la frase “las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del sur, y los Hielos Continentales, son y serán argentinos”. Entendiendo la frase “lesiva para la soberanía nacional” chilena, los jueces de la Sala IV del máximo tribunal trasandino se negaron a darle curso al expediente, en claro desacuerdo con la manifestación de soberanía argentina sobre los Hielos Continentales, una zona limítrofe ente ambos países que pertenece a la provincia de Santa Cruz y que, en su momento, enfrentó al gobierno nacional y al provincial, porque nada más ni nada menos que el entonces gobernador Néstor Kirchner ser oponía a que el en ese momento presidente Carlos Menem firmase un acuerdo con Chile para establecer un nuevo límite, que creía perjudicaba claramente a nuestro país. ¿Qué sucedió tras el malestar de los magistrados del país hermano? Molestos, los devolvieron las actuaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores de su país y acusaron al Juzgado Federal de la capital fueguina de “desconocer los tratados limítrofes entre Chile y Argentina”. Pero por suerte, fue la Cancillería chilena quien bajó el tono del entredicho y devolvió el exhorto al tribunal trasandino, recomendando continuar con el trámite “a fin de evitar un entorpecimiento en la fluida cooperación existente con la República Argentina en el ámbito de la asistencia judicial mutua”. Sin embargo, este aparente ataque de patriotismo de nuestros magistrados, no es más que una norma provincial sancionada en la época más candente del conflicto limítrofe por los Hielos Continentales y las zonas aledañas, que luego se resolvió por un acuerdo entre ambos gobiernos. Desde ese momento, Tierra del Fuego adhirió a la posición argentina agregando “y los Hielos Continentales” a la frase “Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán argentinos”, que hasta entonces remataba los documentos oficiales de la Isla como una forma de reclamo de soberanía al gobierno de Gran Bretaña, al que después se sumaba el reclamo a Chile.

A PUERTAS CERRADAS. Gran conmoción, bronca e indignación se pudo ver el pasado martes cuando la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura decidió hacer reservada la declaración de una testigo en el marco de una causa en la que se investiga la supuesta discriminación y abuso que habría cometido un juez en contra de una empleada.El testimonio se iba a dar en el expediente en que Flora Sofía Acselrad actualmente oficial mayor del Tribunal Oral en lo Criminal nº4, acusó por malos tratos a su superior del Tribunal número 7, el juez Juan Carlos Ursi. Cuando se estaba por comenzar a tomar declaración de buenas a primeras los consejero decidieron dejar fuera del recinto a todo el público presente, entre quienes se encontraban miembros de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), del Consejo Nacional de la Mujer y de la ONG Poder Ciudadano.En la denuncia ante el presidente de la Cámara de Casación Penal, la empleada judicial expresó que existían encuentros a puertas cerradas en el despacho del denunciado quien, bajo la excusa de discutir algún proyecto de sentencia, la sometía a “incómodos monólogos” e intentaba crear un clima de confidencialidad inquiriendo sobre cuestiones de su “vida privada".Pero, la denuncia no quedó ahí, ya que en una oportunidad, refirió la mujer que el juez le dijo que ella se tenía que pintar un poco más, ya que parecía una rusita que había salido de “un campo de concentración".Además, en el texto se cometa que el magistrado llego a decirle que los judíos eran “los rentistas del holocausto" y frases tales como "sos una hueca", "una tarada" y que estaba al borde de la “idiocia". El camarista por su parte se defendió: "¿Cómo me pueden acusar de discriminarla si yo fui el que la nombré? El tema de discriminación corre el riesgo de convertirse en un comoditie social. Pero ayer, los consejeros decidieron hacer secreta la declaración de la testigo, María Pace, quien brindo su testimonio en el despacho del consejero senador Miguel Pichetto.El hecho volvió a poner el acento en el carácter público que deberían tener todas las audiencias del Consejo, condición que según explicaron algunas fuentes muchas veces no se respeta. Sobre el caso en particular muchas voces se alzaron en contra del hecho que esa testigo se presentará en el despacho de un consejero, “no es muy lógica esa metodología, si para ese tipo de actividades está el recinto”.



alejandro s. williams / dju
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