La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inhábiles para los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal nº 1, 2, 3, 5 y 6 los días 27 de febrero y 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 10 de marzo sin perjuicio de los actos procesales cumplidos. El alto tribunal tomó la medida con el fin de evitar perjuicios de cualquier índole a raíz de los problemas técnicos que se suscitaron con el sistema informático durante esas fecha en atención a que se trata de una situación excepcional y que resulta atendible que los problemas han excedido los recursos humanos y materiales para una decorosa atención de los litigantes. La resolución del alto tribunal se llevó a cabo por medio de la acordada 13/04 y contó con las firmas de Enrique Santiago Petracchi, Augusto Cesar Belluscio, Carlos Fayt, Antonio Boggiano, Adolfo Roberto Vázquez y Juan Carlos Maqueda y Zaffaroni.
Rejas abiertas
La Justicia de San Isidro investiga un presunto plan para facilitar la fuga de un grupo de presos de la comisaría de Martínez que a cambio debía matar al camarista Fernando Maroto para que no haga más denuncias contra la policía bonaerense. La causa, que investiga el fiscal Jorge Apolo, se inició a partir de una denuncia recibida en los tribunales de San Martín, y preventivamente los 18 presos alojados en esa seccional fueron trasladados en las últimas horas a otras dependencias. La investigación se inició la semana pasada cuando un instructor judicial de la fiscalía de Marcelo Sendot, de San Martín, recibió un llamado de una persona que alertó que se planeaba una fuga de la comisaría de Martínez. El anónimo señaló que la fuga estaba planeaba "para el próximo domingo por la noche", es decir anteayer, y agregó que uno de los detenidos se negaba a participar de la fuga y podría ser víctima de las represalias de los otros presos. Por último, el anónimo señaló que, luego de la fuga, dos detenidos debían atentar contra la vida del juez de la Cámara de San Isidro Fernando Maroto como "contraprestación" por facilitarles el escape.
Contra viento y marea
La Justicia Federal procedió con el allanamiento del buque de guerra “Murature” de la Armada argentina, en el marco de la investigación sobre una denuncia según la cual en esa nave funcionó un centro clandestino de detención y torturas durante la última dictadura militar. En el procedimiento, seis sobrevivientes del barco, atracado durante el régimen militar trasandino en el puerto de Campana, provincia de Buenos Aires, reconocieron el lugar donde fueron sometidos a todo tipo de vejámenes. Durante el allanamiento, ordenado por el juez federal de Campana Federico Faggionato Márquez, los seis sobrevivientes reconocieron el interior de la nave como uno de los lugares donde fueron torturados, mientras que una mujer reconoció incluso el camarote en el que dijo haber sido violada por personal de la Armada. El allanamiento se produjo a raíz de una denuncia que la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires realizó a la Justicia sobre un “circuito represivo con eje en la zona de Escobar, Zárate y Campana”, conocido como “área 400”, durante la dictadura.
Que no los reconozcan
El fiscal electoral Jorge Álvarez Berlanda dictaminó que no se le debe otorgar reconocimiento jurídico-político al Partido Nacionalista de los Trabajadores que lidera el dirigente neo-nazi Alejandro Biondini. El fiscal recordó en su dictamen que la agrupación “trasunta intolerancia, odio y racismo incompatibles con los fines de un partido político respetuoso de la Constitución Nacional, como de la vida democrática". Para el fiscal la ideología de este partido “es contraria a los principios fundantes de un Estado de Derecho" y remarcó que “los partidos políticos tienen una función clave en el sistema democrático” porque monopolizan “la voluntad política de la Nación”, recordó. La causa llegó a la justicia federal en apelación a una decisión del ex ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra, que se había opuesto al pedido de reconocimiento argumentando que los partidos políticos Nuevo Triunfo y Nuevo Orden Social Patriótico “son organizaciones cuya ideología sería contraria a los principios fundantes de un Estado de Derecho y de una sociedad democrática”.