04 de Noviembre de 2024
Edición 7084 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 05/11/2024

Con los pelos de punta

Amnistía Internacional exigió al secretario de Seguridad Interior que garantice el correcto uso de las armas paralizantes que se están probando para que utilice la policía. Aseguran que puede ser un método de tortura.

 
La sección argentina de Amnistía Internacional intimó al secretario de Seguridad Interior, Enrique Mathov, a que garantice el control en el uso de armas paralizantes para detener delincuentes ya que, según el escrito que acercaron al funcionario, los electrochoques que generan son una forma de tortura que inclusive ha generado ya en otros países la muerte de varias personas.

Un medio periodístico difundió esta semana la información de que el gobierno está realizando pruebas para implementar el uso de las armas no letales, como complemento de las tradicionales dentro de las fuerzas de seguridad, siguiendo el ejemplo de países como Estados Unidos y Gran Bretaña.

Las pistolas, que están siendo puestas a prueba en el país, las mismas que ya se utilizan en Estados Unidos y están esperando ser aprobadas para el uso de la policía en Londres, son las llamadas "pistolas Taser", que disparan a una distancia de entre 4, 5 y 9 metros dos dardos sujetos a un cable y que terminan en un gancho. Cuando los ganchos se fijan al cuerpo o a la ropa de la victima, esta recibe una descarga incapacitante de hasta 50 mil voltios.

"Este tipo de armas, desarrolladas inicialmente por empresas norteamericanas, están siendo comercializadas alrededor del mundo con la aprobación de estas empresas y con políticas de control mínimos", según la carta que envió la organización a Mathov.

Según la información que difunde Amnistía en todo el mundo, las armas de control no letal están siendo probadas en países donde, paradójicamente, están prohibidas y en otros donde existen numerosos informes que denuncian tortura y malos tratos a raíz del uso de este tipo de elementos.

"Los antecedentes en materia de tortura en la Argentina no garantizan el uso apropiado de este material", advirtió Marcelo Ávila, presidente de Amnistía en Argentina, al firmar la carta que recibió Mathov.

En el marco de su tercera campaña mundial contra la tortura, la organización que lucha por los derechos humanos publicó un informe que hace referencia al comercio de elementos de tortura alrededor del mundo. En el informe de febrero de este año, titulado "Un comercio execrable: el comercio de la tortura", denuncia la utilización de las armas de electrochoque por parte de las fuerzas de seguridad como forma de control y el comercio de este tipo de elementos.

Según informes publicados por Amnistía, se han registrado varios casos de muerte tras el uso de este tipo de armas. En julio de 1996, una mujer de 29 años, Kimberly Lashor Watkins, murió después de que la policía le disparase con una pistola Taser en Pomona, California. Cinco meses después, Andrew Hunt Junior murió cuando la policía de Pomona le disparó varias veces con una pistola Taser después de esposarlo.



dju / dju
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