En un memorial de 254 carillas los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi aseguraron que el ex interventor de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga "negoció su libertad" brindando algunos nombres que luego sirvieron para involucrar al ex presidente, y hasta se permitieron algunas ironías en torno a sus confesiones.
Así, estimaron que si para Sarlenga el ex presidente era "Dios", para el juez esa era "la prueba" de que se trataba del "jefe en las sombras" de una asociación ilícita, al sostener que el magistrado se excedió en la interpretación de las instrucciones de la Cámara Federal, cuando el 4 de abril le dijo al magistrado que investigue en los estratos superiores del poder.
Los letrados interpretan que ese fue un "salto mortal" de Urso, ya que "en ningún momento la Cámara le ordenó indagar a Menem".
Respecto de la falsedad ideológica de los decretos, sostuvieron que entre el millar de pruebas analizadas "no existe una sola que pueda probar que haya habido irregularidades", y en ese sentido reiteraron que los mismos no pueden ser cuestionados como "ideológicamente falsos".
Roger y Salvi también recordaron en el memorial entregado ante la Sala Segunda de la Cámara que si Sarlenga asegura que "todos" en el gobierno sabían sobre la venta ilegal de armas, por qué entonces no aparece involucrado el dos veces ministro de Economía Domingo Cavallo como parte de ese "todo". Al respecto, entienden que el actual titular del Palacio de Hacienda recusó en una oportunidad, y con éxito, al magistrado, y cualquier intento de indagatoria hubiera significado haber tenido que apartarse de la causa.
En torno a la figura de la "asociación ilícita" los abogados sostuvieron que en el caso en cuestión no se cumple el requisito de la existencia de un acuerdo previo de voluntades para cometer delitos indeterminados, a la vez que señalaron que el ex mandatario no dio ninguna orden a sus ministros para que aprueben o firmen los decretos que habilitaron la venta de las armas.
Roger y Salvi pidieron que sea revocado el auto de procesamiento dictado por Urso el 4 de julio pasado y que "se disponga la inmediata libertad" del ex presidente, actualmente bajo arresto domiciliario en una quinta de Don Torcuato.
A su vez, la defensa del ex canciller Guido Di Tella pidió hoy -también mediante un memorial- que se dicte la falta de mérito en la causa en la que el ex titular del Palacio San Martín se encuentra procesado como miembro de una asociación ilícita.
El abogado y ex ministro de Justicia León Arslanian aseguró en su descargo ante la Cámara que Urso "prescindió de efectuar la más mínima consideración respecto de algunas de las argumentaciones" esgrimidas durante la indagatoria por Di Tella", a la vez que "se desechó por completo de la prueba documental aportada".
Según asegura el escrito presentado, "Di Tella no recibió orden del ex presidente para iniciar el trámite de la venta de armas, ni transmitió a nadie directiva alguna en tal sentido".
Asimismo, sostuvo que la operación que el ex funcionario avaló fue "un acto regular de gobierno" y "no el resultado de un pacto espurio con personas desconocidas con las que jamás tuvo contacto".
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