Otro tipo
de integración es posible...
Si la
integración es concebida como una plataforma para insertarse en la economía
mundial de una manera socialmente aceptable, apostando a la producción, al empleo,
a la educación y a una mayor participación en las decisiones por parte de los
sectores socioeconómicos, entonces, quizás, el crecimiento económico sea más
lento pero sin ninguna duda más
equitativo y duradero.
En tiempos de tomar nuevas decisiones,
habría que identificar nuevos objetivos y herramientas para afrontar el futuro.
La
política exterior de los Estados busca, entre otros objetivos, responder a
necesidades internas utilizando oportunidades externas.
Dada la actual coyuntura, la integración
multinacional y el establecimiento de áreas de libre comercio están íntimamente
relacionadas con estrategias para una inserción más ventajosa de países,
subregiones y regiones en la economía globalizada para lograr crecimiento
económico y responder a las demandas de mejores niveles de vida para sus
ciudadanos.
Hasta ahora ha prevalecido la integración económica por
sobre otros tipos de integración por el deseo de conseguir bienestar a través
de la liberación de los intercambios y el fomento de actividades productivas. Por ello elemento común a todas las
formas de integración es la disminución de barreras arancelarias,
especialmente, para los bienes industriales y los servicios, mientras que el
comercio agrícola no es enteramente libre.
Desde cierta perspectiva, la integración multinacional - aún
reducida al ámbito económico- va más allá del ámbito del libre comercio. En
diez años, los aranceles promedios latinoamericanos pasaron de 35% y 100% de
niveles mínimo y máximo, a 14% y 22% respectivamente, además de reducirse la diversificación arancelaria y
eliminarse restricciones a los movimientos de capital.
La eliminación de obstáculos a los intercambios es inherente
a la integración económica, pues la abolición de las barreras existentes entre
las unidades involucradas es requisito para el establecimiento de un solo
espacio o mercado en el cual rija la libre movilidad de productos y factores y
se establezca, consecuentemente, una nueva división del trabajo. Para
integrarse los Estados deben remover trabas al intercambio recíproco de bienes,
servicios, capitales y personas. A diferencia de otros momentos de la historia,
hoy se tiende a conceder gran movilidad a los capitales mientras se dan
restricciones crecientes al movimiento de trabajadores.
Para algunos, la integración es una empresa de desarrollo compartido de las sociedades que participan
en ella. Dicha empresa, especialmente si
se da entre democracias, debería procurar la distribución más equitativa
posible de sus beneficios. Una noción inherente a la integración multinacional
es la del equilibrio dinámico que conduzca a un crecimiento económico-social
armónico y a un desarrollo político-institucional estable.
Especialmente en los países en vías de desarrollo, la
integración es concebida como un instrumento asociativo promotor del
crecimiento de economías que individualmente afrontan dificultades para
desarrollarse autónomamente en un entorno internacional que experimentan como
poco favorable. Objetivo principal de la integración, para estos países, es
acelerar el crecimiento a través de una transformación sustancial de sus
estructuras económicas a través de la asociación multinacional, lo cual los
pondría en mejor pie en la globalización.
La Gestación de los
procesos regionales
El término globalización
se impone a principios de la década de 1990 lo que no es casual ya que la caída
del bloque comunista y la clara orientación china hacia una economía de mercado
significaron el derribamiento de las barreras ideológicas al libre comercio. Es
así que a fines de años ochenta a través de los Organismos Internacionales de
Crédito (BID; Banco Mundial; FMI; etc.) se impulsaron políticas económicas
propulsoras de temas como la disciplina fiscal, la inflación como parámetro central de la economía,
abatimiento y control del déficit fiscal a través de la reducción del gasto
público, apertura comercial, estímulos a la inversión extranjera directa y
privatizaciones, entre otras. Resumido por Larraine se trataría de “políticas
macroeconómicas prudentes, de orientación hacia fuera y de capitalismo en su
versión de libre mercado”[1].
Se comienza de esta forma
un proceso gradual de liberalización económica y comercial en los países en
vías de desarrollo, los cuales según la teoría eran el escollo fundamental a la
libre circulación de bienes en el mercado global.
De manera casi
simultánea, se impulsa a la Organización Mundial del Comercio (OMC), a funcionar como una gran mesa de negociación
en donde todos los países acuerden como facilitar la libre circulación de
bienes y servicios.
Los procesos de
integración nacidos durante la década del noventa surgen a partir de fenómenos
tales como la interdependencia iniciada a partir de los acuerdos especiales de
carácter preferencial y las señales del
mercado que fueron consecuencia de la liberalización comercial. Estos dos
fenómenos combinados dieron nacimiento al denominado “regionalismo abierto”. El
objetivo de este último es que la integración sea compatible con las medidas
que apuntan a mejorar la competitividad internacional. Asimismo, una de sus
principales características es el carácter preferencial del mismo a partir de
los acuerdos de integración fortalecidos por la cercanía geográfica y el
vínculo cultural entre los países de la región. La integración apunta a la
búsqueda de un comercio más abierto y es percibida como la opción menos
negativa para afrontar un escenario internacional desfavorable para los países
de la región.[2]
De esta forma, en
aquellos años, se conformaron bloques económicos y comerciales que apuntaban a
mejorar la competitividad de sus productos en el mercado mundial “jugando” en
conjunto y aprovechando las ventajas del mercado ampliado con vistas a
“aprender” a competir con aquellos productos carentes de ventajas comparativas.
Asimismo, se aprovechaba el aumento del poder negociador para afrontar nuevas
negociaciones comerciales y se buscaba atraer capitales inversores y
financiamiento externo. Los países asumieron este desafío simultáneamente con
los procesos de reforma estatal en aras de transformar los viejos y pesados
aparatos estatales en maquinaria ligera para atraer inversiones dentro de sus
fronteras. Teóricamente, este era el camino para iniciar el crecimiento
económico que luego actuaría como efecto derrame a toda la sociedad. En esta
concepción, fuertemente ligada a los preceptos neoliberales, la prioridad es
abrirse, comerciar, captar inversiones para que luego, de manera inercial, esto
actúe como impulso económico en el conjunto de la sociedad. Sería esta la
estrategia de desarrollo concebida por los gobiernos cuando apuestan a la
integración.
Las carencias existentes
en la mentalidad integracionista se reflejan en las lagunas que presenta esta
breve descripción de los acontecimientos. Es así que en los procesos regionales
ha primado el concepto de mercado y de acuerdo a ello se identifican los
objetivos que luego condicionan los medios para alcanzarlos. La prioridad ha
sido diseñar instancias decisorias que garanticen ejecutividad y pragmatismo.
Al tener especial cuidado en no
intervenir demasiado en procesos librados a la dinámica del mercado, se
postergan -como consecuencia ineludible - aquellas instancias deliberativas más
lentas aunque más representativas. La carencia de voluntad para crear
instancias supranacionales de toma de decisión que actúen independientemente de
los intereses nacionales ha condicionado la evolución de los procesos de
integración que quedan librados a los ciclos económicos globales. Los
beneficios de estos últimos son así captados por los países de manera
individual y no por los procesos de integración en sí.
Desarrollo de los
Acontecimientos
Por otra parte los
países, en el marco de la integración, crecieron económicamente durante la
década del noventa aprovechando el período de bonanza económica existente en el
mundo. Pero brechas existentes dentro de las sociedades se fueran ensanchando
paulatinamente quedando cada vez más desprotegidos los sectores sociales más
sensibles.
Las actividades
económicas se fueran concentrando en determinadas áreas del país relegando a
otras; se incentivaron los movimientos migratorios al interior de cada país
generando desequilibrios demográficos, económicos y sociales.
Esto produjo a su vez
mayor desempleo en los países más desarrollados; tensión social: intolerancia y
xenofobia lo que fomentò un círculo vicioso de comportamientos desviados, que
vulneran normas y valores tradicionales en los países receptores de la
migración.
De esta manera, los
países en vías de desarrollo habían llegado a su techo de colocación de
productos y no se vislumbraban mayores facilidades para continuar creciendo.
Se intentó apostar a las negociaciones
entre bloques comerciales pero estas avanzan lentamente, de acuerdo al ritmo
desinteresado de aquellos más ricos.
Las sucesivas crisis
económicas ocurridas a finales de la década y su fuerte capacidad de “contagio”
mostraron una cara de la globalización que muchos no querían ver. Esta ultima,
a través de la libre movilización de capitales, demostró que no existe piedad
para los países en los que se pierde la confianza, especialmente en los
mercados emergentes en donde se hacía dinero fácilmente a cuenta de los riesgos
que implicaba invertir en ellos. Un claro ejemplo de esto fueron: México en
1994, Sudeste Asiático en 1997, Brasil en 1999 y Argentina en el 2001. En todos
estos países el daño económico y social
fue inmenso, aunque algunos se recuperaron más fácilmente que otros. Estas
crisis encontraron a los Estados disminuidos en su capacidad de actuación,
empobrecidos y fuertemente endeudados lo que afectó directamente su capacidad de negociar salidas. En lo
social significó un drástico aumento del desempleo, crecimiento de los niveles
de pobreza y marginación, aumento de la emigración, y la profundización del
conflicto social. En lo político se tradujo en la perdida de la gobernabilidad
y en algunos casos en déficit democrático.
Si
asumimos que la profundización y la ampliación de la globalización [3]
tiene un alto componente de espontaneidad [4],
sin desconocer las decisiones públicas y privadas que han incidido en ellas [5],
parecería lógico asumir que los procesos de integración económica y los
acuerdos de libre comercio (bilaterales, subregionales o regionales) –que
surgen de decisiones estatales- pueden y deberían ser espacios institucionales
que faciliten elecciones públicas y privadas que potencien los aspectos
positivos de la globalización y amortigüen o erradiquen sus características
negativas, incluyendo aquellos aspectos y características que surgen de las
variables espontáneas.
En la
consecución de la gobernanza de la globalización, para humanizarla, los
procesos de integración económica (que pueden conducir a uniones políticas) y
los acuerdos de libre comercio [6]
–especialmente aquellos subregionales y regionales- pueden dar un gran aporte.
Si se
toma en cuenta que, desde la creación de la Organización Mundial de Comercio
(OMC) y hasta el año pasado, se han notificado más de 250 acuerdos de
integración económica –de los cuales aproximadamente 168 en plena vigencia (72%
de ellos son áreas de libre comercio)-, resulta clara la importancia
estratégica de estos espacios instituciones para el futuro de la globalización.
En
América Latina existe conciencia de que las naciones de la región participan en
la globalización desde la crisis, mientras que los países desarrollados lo
hacen desde el bienestar; pero también existe la convicción de que el sendero
para una inserción ventajosa en la globalización pasa por la integración
regional.
Las
instituciones regionales (SICA, CAN, MERCOSUR, ALADI, entre ellas) han jugado
un rol crucial en América Latina y, en la región, ha habido progresos en la
integración regional mayores a los de otras áreas del mundo en desarrollo. El
renovado compromiso de los países latinoamericanos con la integración ha ido
más allá de la liberalización del comercio y del diseño de reglas comerciales
comunes para considerar -en conjunto- cuestiones como la cooperación en lo
financiero y macroeconómico, la armonización de regímenes regulatorios en
campos sensibles, la complementación de la infraestructura física así como la
profundización en la integración social y política.
Un
elemento importante en la experiencia latinoamericana, tanto a nivel
subregional como en el desafío de un Área de Libre Comercio en las Américas, es
la “cláusula democrática”. En los procesos participan únicamente países
democráticos y la consolidación de la democracia es objetivo de las diferentes
iniciativas y negociaciones en curso.
Pero
la integración no es una cuestión exclusivamente latinoamericana pues su importancia
es incuestionable entre los Estados miembros de la Unión Europea y para
aquellos que buscan participar en ella. El rol de los Estados Unidos en la
llamada “segunda ola de regionalismo” es protagónico. La cuestión de la
integración viene adquiriendo cada vez mayor importancia en Africa -se habla de
una futura Unión Económica y Monetaria en este continente- tanto como en la
agenda común de los países árabes. En Asia Central las naciones que integraban
la URSS ahora se encuentran vinculados por acuerdos regionales. Los demás
países asiáticos - especialmente aquellos con grandes mercados internos,
tradicionalmente adversos o indiferentes a la integración - han cambiado de
actitud [7].
La
coyuntura amerita profundizar en las oportunidades que los procesos de
integración regional (“deep integration”) y los acuerdos de libre comercio
(“light integration”) ofrecen para la gobernanza de la globalización, a partir
de un “network” de instituciones mundiales, regionales, subregionales y
nacionales.
Lo
regional es crítico pues permite articular los ámbitos global y nacional en un
sistema internacional fundando en procesos políticos cuyos actores principales
siguen siendo las naciones - Estado, no obstante su debilitamiento.
Especialmente en los países en vías de desarrollo, la
integración es concebida como un instrumento asociativo promotor del
crecimiento de economías que individualmente afrontan dificultades para
desarrollarse autónomamente en un entorno internacional que experimentan como
poco favorable. Objetivo principal de la integración, para estos países, es
acelerar el crecimiento a través de una transformación sustancial de sus
estructuras económicas a través de la asociación multinacional, lo cual los
pondría en mejor pie en la globalización.
Uno de los objetivos básicos de los
procesos de integración, y a esto no escapa el MERCOSUR, es la inserción internacional de las economías de
la región ya sea por medio de la creación de comercio, de la inversión
extranjera y de su tecnología u obteniendo financiamiento. Ello requiere de
adaptabilidad y flexibilidad. Este proceso de transformación debería lograrse
con equidad, de modo tal de facilitar la sustentabilidad y la participación
estable en el sistema internacional, lo que implica la redefinición de un
conjunto de políticas en las diferentes áreas.
En
nuestra región, progresivamente se va tomando conciencia de que las ventajas
competitivas que reclama el mercado mundial son intensivas en:
i) Recursos
humanos (inteligencia, capacidad de innovación y valor agregado intelectual).
Esto implica desarrollar políticas de capacitación y educación para la
inserción competitiva, tomar como eje integrador la equidad concebida como
igualdad de oportunidades; fomentar la autonomía de la acción educativa y
haciendo estos conceptos complementarios con la competitividad y la calidad del
desempeño, para enfrentar los nuevos requerimientos. En este sentido se intenta
relacionar los sistemas educativos, de capacitación y científico -tecnológico
con el sistema productivo.
ii) Organización social (estabilidad,
funcionamiento articulado de las partes). Se torna visible asimismo la
necesidad de enfrentar la competencia internacional con el esfuerzo articulado
de todos los miembros, es decir, operando como sistema. Comienza a urgir en
este ámbito, la necesidad de lograr el mentado “entorno social estable”
necesario para integrarse plenamente. En otras palabras: hay requerimientos
sociales insoslayables, enlazados con el aumento de la capacidad competitiva.
¿Cuáles son los rasgos más destacables en nuestra región? Aquellos ya
definidos para la escena internacional, con otros aditamentos: aumento de la
pobreza, importantes disparidades en los ingresos y una progresiva
transparencia en los sistemas de estratificación.
En este escenario se hace imprescindible un ambiente de estabilidad y
desarrollo de los derechos básicos de los individuos de modo tal de armonizar
democracia y crecimiento económico. Es la estabilidad económica y política la que va traer inversiones a
largo plazo que apuesten a un crecimiento sostenido. Es necesario desarrollar
el proceso de modo tal que sean todos los
individuos los beneficiarios potenciales de un nuevo modelo de desarrollo.
Estamos hablando entonces de la creación de compromisos políticos de
largo plazo, que tengan como objetivo reducir las exclusiones económicas y
aumentar la equidad.
LA
INTEGRACIÓN DEL SUR ¿UNA NUEVA CONCEPCIÓN?
¿Para qué una integración?
Hoy, el espacio regional del Sur es una zona de libre comercio ampliada
y una unión aduanera imperfecta, si tomamos en cuenta las excepciones y
consideraciones que involucró su actualización.
En el caso del MERCOSUR, es claro que no se ha planteado como una
integración política, ni una integración con base en los Estados, como la europea
que plantea un proceso de convergencia de objetivos políticos, económicos y
sociales y la formación de una supranacionalidad que funda la identidad
continental. Más bien es un instrumento necesario dentro de un marco ideológico
determinado, como es el liberalismo económico que domina actualmente las
políticas del Cono Sur.
Nos encontramos entonces con la idea de Estado reducido al máximo para
ser compatible con la preservación del sistema y la máxima eficiencia. Prima el
concepto de mercado y no el de Estado.
El marco ideológico que acompañó al inicio del proceso de integración
marcó no sólo los objetivos, sino que acorde a ellos, delineó los medios,
delimitando asimismo las instituciones que conducirían el proceso. Se dio
prioridad entonces a aquellas que garantizaran ejecutividad y pragmatismo,
postergando así instancias deliberativas, más lentas aunque más
representativas.
Han sido los grandes actores los que han conducido y profundizado las
relaciones dentro del bloque regional integrado, dándole prioridad en principio
a la óptica comercial más que a la búsqueda de valores comunes característicos
de un formato supranacional. El formato intergubernamental es funcional a ello,
plasmándose en las Declaraciones presidenciales logradas en las Cumbres del MERCOSUR,
y a las actividades de los cancilleres de cada uno de los países miembros.
Lógicamente, tuvieron también prioridad las actividades comerciales y la
facilidad de diálogo entre empresas, aunque no fue así con los trabajadores,
las ONG’s, las pequeñas y medianas empresas y la ciudadanía en general.
Sin embargo, la velocidad de esta integración lleva necesariamente a
pensar en una reorientación del proceso, involucrando a otros sectores y
temáticas que se tornan necesarias para los escenarios que se van generando.
El postergar las instancias supranacionales deja fuera, aunque sea de
momento, la posibilidad de la representatividad cabal de los pueblos y de
deliberación legislativa inherentes a un Parlamento Común o a un Tribunal de
Justicia. Instituciones supranacionales con funciones más que necesarias en un
intento de integración que se precie de tal. Sin embargo, en el caso del
MERCOSUR, esto no pasa de una declaración de principios que poco a poco, y
debido a la velocidad del proceso se toma necesaria. El caso del Foro
Consultivo Económico Social es un ejemplo claro de esto, toda vez que si bien
está aprobada su creación, aún no se ha podido constituir. Ni siquiera esta
instancia, de carácter sólo consultiva ha podido pasar a los hechos.
A esto deben sumarse las características de cada uno
de los países miembros, tales como tamaño, historia, legislaciones nacionales y
economías. Contamos con dos países chicos (Paraguay y Uruguay), uno grande
(Brasil) y uno mediano (Argentina). Tres de ellos han dejado de lado las
políticas intervencionistas y estatistas, mientras que Brasil sostiene aún
ciertas posiciones nacionalistas y de protección.
Este marco también requiere de condiciones específicas
para su óptimo funcionamiento: seguridad, estabilidad y previsibilidad para las
acciones y decisiones requeridas para la competencia económica. Pese a la
creencia más o menos generalizada acerca de las bondades del mercado, van
surgiendo progresivamente algunas urgencias para resolver aquellos aspectos que
pueden afectar el proceso en general, y que en su momento se dejaron de lado,
pero que tiene también relación con lo económico: la dimensión social del
MERCOSUR.
Y aquí el mercado librado a su suerte no es
suficiente, sobre todo en nuestro continente, donde los distintos vaivenes que
han sufrido las políticas públicas en general y las sociales en particular han
instalado un escenario muy poco alentador en el área social. Y será
precisamente en este sector en el que deberá recaer la atención a la brevedad
ya que es aquel donde se han constatado los mayores impactos y donde también
actúa y actuará la integración.
Sólo generando un modelo de desarrollo inclusivo y
participativo se puede potenciar la inserción en los procesos globales de
modernización. La interdependencia de los conceptos de democracia y desarrollo
nos remiten necesariamente al espíritu inicial del MERCOSUR, superando la
tentación mercantilista propia de un contexto ideológico particular que impulsó
al proceso, pero que dio prioridad al aspecto económico comercial propiciando
una confusión de medios y fines.
Si bien al momento de la firma del Tratado, los cuatro
países habían iniciado un proceso democrático, lo que facilitó la convergencia
de estos principios en la construcción del espacio regional, la voluntad política
de cada uno de los miembros fue diferente, así como fueron distintos los
intereses que los motivaron.
Mientras Argentina y Brasil habían decidido integrarse
económicamente ya desde 1988 a través del Programa de Integración Comercial
Argentina Brasil (PICAB), sin considerar la eventualidad de sumar nuevos
socios, Uruguay y Paraguay contemplaron la posibilidad de integrarse casi como
una necesidad vital.
Esto es relevante también para la cuestión social, ya
que los diversos intereses puestos en la construcción del proceso tienen
incidencia también en la voluntad política que se manifiesta para la solución
de las diferencias existentes en el área social y en la convivencia de
decisiones e instituciones políticas no siempre compatibles.
En el caso de la estrecha relación entre Argentina y
Uruguay esto se plantea tan naturalmente como la necesidad de contemporizar
formas democráticas disímiles. Mientras en la primera aún se puede hablar de
una democracia “corporativa”, donde las instituciones pierden vigor y no
siempre cuentan con la autonomía necesaria, en el Uruguay éstas son
precisamente sus fortalezas. Y estos factores son relevantes en la medida en
que muestran claramente qué actores son los que toman las decisiones políticas
en cada uno de los países, y a quiénes benefician. Puntos muy importantes cuando necesitamos saber con quiénes nos
sentamos a delinear la integración regional, y con qué fines.
Aunque los cuatro países hayan emprendido en su momento políticas de
privatización, estabilización y apertura de la economía encuadrados dentro de
lo que fue la Iniciativa para las Américas, con el fin de lograr una zona de
libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego, se hace necesario ahora otro tipo
de consideraciones. Los tiempos han cambiado, el marco ideológico no es el
mismo y las necesidades urgentes de resolución son otras.
La transición a la democracia en América Latina no permite de momento
hablar de una democracia sustantiva. Aumentan las brechas sociales, los
derechos fundamentales son olvidados frecuentemente, la conciencia de
ciudadanía a menudo está ausente en la mayor parte de los países de la región.
El libre juego del mercado no asegura por sí mismo ni el desarrollo ni la
democracia, y es necesario crear actores sociales y políticos capaces de luchar
contra las desigualdades que entorpecen la construcción democrática y el
desarrollo.
Se hace imprescindible entonces volver a considerar los fines como
tales: democracia, desarrollo y justicia social, y de este modo el
establecimiento de los medios a seguir en pos de su consecución: modernización,
inserción en el mundo, estabilización, etc.
Si se concibe en estos términos, si hay una recuperación de estos
valores, estamos hablando de la generación y/o jerarquización de un espacio
social dentro del proceso de integración.
La combinación entre políticas sociales y cohesión social como
superación de una visión neoliberal que ve en el mercado la solución y el fin
último de los procesos.
Esto implica, no sólo la recuperación de la iniciativa política de los
Estados nacionales como orientadores y garantes de las diferentes iniciativas y
beneficiarios, sino también el comenzar a delinear la posibilidad de
instituciones supranacionales que se comprometan con el área social como con
las económicas y comerciales.
Un largo camino por
delante...
Las circunstancias y los
caminos seguidos en los procesos de integración han sido diferentes según los tiempos; regiones : necesidades y
preparación de los involucrados.
Los miembros más
poderosos de la comunidad internacional fijan y determinan las bases de la
acción. Los recursos naturales cobran cada vez mayor importancia y la vieja
aspiración no ya de justicia distributiva sino de “equidad” sigue sin progresar
en demasía. Quizás sea el momento oportuno para trabajar en conjunto y darles fin fomentando procesos de
integración que se basen en la equidad social, la producción y el empleo. Las
políticas que se implementen hoy tal vez cambien el rumbo de la integración
regional mañana y porque no el rumbo de la globalización.
El proceso de
globalización se encuentra en pleno desarrollo. Los actores irremediablemente
deberán enfrentar los hechos y no con distracción. Las inequidades producidas
debemos responsablemente enfrentarlas en nuestras negociaciones sumadas a aquellas
que pueden producirse en el futuro.
La
construcción de valores que nos unan en nuestro proceso de integración deberá
ser como una utopía posible que guíe nuestro accionar.
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