Se trata de Juan Carlos Bertoluccio, Reinaldo Giles, Jorge Alejandro Germán, Roberto Carlos Burgos, Carlos Alfredo González, Daniel Seoane y Tránsito Osorio, todos pertenecientes a la “Mesa Coordinadora Nacional de Trabajadores de YPF y Gas del Estado Despedidos”, acusados de haber interrumpido el tránsito en las calles 43 y 126 de Ensenada y 60 y 126 de Berisso.
El reclamo frente a los depósitos de Repsol YPF fue por el pago de una compensación aun adeudada por el Gobierno nacional y prevista cuando YPF fue privatizada, que en cambio sí cobraron los trabajadores estatales que continuaron en funciones en la empresa, actualmente en manos privadas.
Los imputados ya habían estado detenidos en noviembre último al entender la justicia que transgredieron el artículo 194 de Código Penal, que pena con tres meses a dos años de prisión a quienes “sin crear una situación de peligro común, estorbaren, impidieren o entorpecieren el normal funcionamiento de transportes por tierra”.
Pero al considerar el juez Atencio el encuadramiento de la causa vinculándolo con la vulneración del artículo 211, las penas previstas fijan hasta 10 años de prisión a quienes “infundan temor público, susciten tumultos y desórdenes o amenacen con la comisión de un delito común cuando se usan explosivos químicos o materiales afines”