Si bien la fiscal de Cámara Susana Lacorazza había solicitado tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación contra el Estado, el Tribunal desestimó este pedido, por lo que Rico quedó libre de culpa y cargo.
En este sentido, Lacorazza había pedido tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para el ex secretario de Energía Raúl Rico y la ex gerente de administración y finanzas de dicha empresa, Alejandra Bría, por entender que hubo una connivencia para cometer el delito de defraudación contra el Estado, mientras que para el proveedor César Protti pidió que se lo condene a tres años de prisión, aunque finalmente los tres fueron absueltos.
La causa fue iniciada en el año 2000 por una denuncia del Tribunal de Cuentas, y el juez de Instrucción, Jorge Barbagelata, había procesado a Rico el año pasado llegando de esta manera a la instancia de juicio oral y público.
La denuncia involucró un perjuicio fiscal cercano a los 25 mil dólares que se habrían pagado a una firma inexistente, que emitió facturas falsas de publicidad, y según consta en la denuncia, el contrato fue en concepto de diseño y diagramación del logotipo del gasoducto entrerriano, por diseño y confección de carteles del gasoducto, diseño e impresión de remeras, gorros y banderas.
La investigación del Tribunal de Cuentas la inició la fiscal Estela Bovier de Haenggi en 1999, y derivó en una denuncia radicada por el organismo ante el juez de Instrucción Jorge Barbagelata, resolviéndose finalmente las absolución de los tres investigados.