Además, Speroni trabó embargo sobre los bienes de Balza por 700 mil pesos. El ex jefe del Ejército había sido indagado el pasado 11 de julio por Speroni, en la misma causa por la que semanas atrás la Sala B de Cámara del fuero ordenó la indagatoria del ex presidente Carlos Menem, que todavía no tiene fecha, y la del ex canciller Guido Di Tella, prevista para el 27 de agosto próximo
El militar retirado negó en aquella oportunidad su participación en el contrabando de material bélico, al sostener que no estuvo en su conocimiento que las armas que habían sido entregadas a Fabricaciones Militares para su reparación, en el marco de un convenio suscripto en 1994, hubieran sido camufladas y vendidas a Croacia.
Para refrendar sus afirmaciones, Balza entregó un informe del Ejército en el cual se daba cuenta de la inexistencia de faltante de pertrechos de la fuerza, entre ellos cañones Citer 105 milimetros y Obuses Otto Melara de procedencia italiana.
Speroni tuvo en cuenta en su resolución las declaraciones de varios testigos que fueron interrogados sobre distintos aspectos de la relación entre el Ejército y Fabricaciones Militares, y en particular sobre los tres convenios suscriptos en 1991, 1992, 1993, y que son considerados apócrifos por la Justicia.
El general, que permaneció al frente del Ejército durante todo los dos períodos en que ejerció la presidencia de la Nación Carlos Menem, fue incriminado luego de la indagatoria del ex ministro de Defensa Antonio Erman González, quien deslindó responsabilidades en el Ejército y Fabricaciones Militares.
El procesamiento dispuesto por Speroni constituye un severo traspie para el militar quien se encuentra procesado por el juez federal Jorge Urso como "organizador" de una asociación ilícita, malversación de efectos del Ej;ercito y falsedad ideológica de instrumento público.
Sin embargo, el delito de contrabando agravado que ahora se le endilga contempla penas que van de los cuatro a los doce años de prisión, por lo que en caso que sus abogados Jorge Valerga Aráoz y Fernando Castejón obtengan su excarcelación ante la Cámara Federal, de todos modos deberá continuar detenido.
A su vez, el juez federal Jorge Urso reclamó formalmente hoy a la justicia federal de Córdoba que le remita la causa por la voladura de la Fabrica Militar de Rio Tercero, por entender que en ese hecho existió "intencionalidad" de "borrar las huellas" del faltante de armas, pólvora y municiones que habían sido vendidas de manera ilegal.
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