20 de Diciembre de 2024
Edición 7117 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/12/2024

Brevatas

Fiscales reclaman solución para los empleados de sus dependencias | Cámara del Crimen denunció ante el Consejo de la Magistratura a jueces de instrucción | Piquetero salteño procesado por la muerte de una mujer | Quieren crear un juzgado de primera instancia civil, comercial y laboral en la ciudad de San Justo, Santa Fé | Aceptan la renuncia de un Fiscal de instrucción en lo Criminal y Correccional.

 
Plus salarial

Unos 30 fiscales del fuero penal enviaron una nota al Procurador General de la Nación Luis González Warcalde con el fin de solicitarle que interceda ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que los empleados del Ministerio Público reciban el plus salarial de 200 pesos que ya cobran los judiciales que dependen del Consejo de la Magistratura de la Nación. De este modo, los fiscales penales se sumaron a los reclamos que los distintos sectores judiciales llevan adelante por el pago de ese plus salarial mediante protestas y medidas de fuerza que tienen su epicentro en el Palacio de Tribunales.

Denuncia

La Cámara del Crimen denunció a tres jueces de instrucción ante el Consejo de la Magistratura por un presunto tráfico de influencias, en una causa que investigó torturas aplicadas a presos por policías y al parecer toleradas por un juez. Los camaristas impulsaron así el proceso de juicio político contra los jueces de instrucción Héctor Yrimia, Eduardo Daffis Niklisson y Marco Layús. En la denuncia aparece mencionado en la misma situación un vocal de la Cámara Nacional de Casación Penal y un camarista que integra el propio cuerpo que promovió el expediente ante el Consejo. Incluso el juez de la Corte Suprema Adolfo Vázquez -quien precisamente por estos mismos hechos sumó ayer un nuevo pedido de juicio político- está mencionado en la presentación de la Cámara del Crimen. Consultado uno de los magistrados involucrados, sugirió que la ofensiva de la cámara "está motivada en móviles políticos, con la clara intención de desprestigiarnos".

Procesado

El juez de instrucción Ricardo Hugo Martoccia, dictó el procesamiento y prisión preventiva al piquetero Carlos Ariel "Tyson" Fernández, en la causa relacionada con la muerte, en 2002, de una campesina enferma, Nicolasa Jaime, que no pudo llegar a tiempo al hospital de Tartagal al impedírsele el paso al vehículo que la transportaba. Esta es una de las cuatro causas que tiene en su contra debido a distintos hechos de violencia. En aquel momento, la mujer vio frustrado su esfuerzo por llegar al centro asistencial "Juan Domingo Perón", cuando Tyson y otros 40 sujetos bloquearon la carretera. Ante la negación frente a los ruegos de sus familiares, y la gravedad de su cuadro, Nicolasa tuvo que ser trasladada hacia Orán, aunque no sobrevivió al viaje, de más de 100 kilómetros y falleció. Tyson estuvo detenido luego del hecho a disposición de la justicia federal pero él y sus acompañantes, acusados del delito de "abandono de persona", recuperaron su libertad. El defensor de Fernández apeló la decisión y ahora la Cámara deberá decidir si confirma o revoca la decisión de Martoccia.

Un juzgado más

Así lo solicitó Ricardo Olivera mediante una presentación en la Cámara de Senadores de un proyecto por el cual solicita la modificación de la ley orgánica del Poder Judicial con el fin de crear un Juzgado de Primera Instancia de Distrito de competencia civil, comercial y laboral con asiento en la ciudad de San Justo, Santa Fe. Olivera atribuye la importancia de la sanción de la ley, a que "uno de los postulados a los que debe tender la administración de justicia es la descentralización", elemento indispensable para dar celeridad a los procesos judiciales. Señaló la problemática de que algunas localidades se encuentran a 200 kilómetros de la sede de los juzgados de distrito, provocando ésto serios obstáculos para acceder a los servicios de justicia.

Renuncia

Por medio de la resolución 498/2004 publicada hoy en el Boletin Oficial el Procurador General de la Nación aceptó formalmente la renuncia del titular de la fiscalía de primera nacional de instrucción en lo criminal y correccional Nº 41, de esta ciudad, Dr. Jorge Sacco, la cual tendrá efectos a partir del 1º de mayo. La misma obedece a que Sacco se acogió al beneficio jubilatorio que ha obtenido de acuerdo con lo dispuesto por la ley 24.018.



dju / dju
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