Las oficinas de la Bombonera fueron allanadas hoy en el marco de las investigaciones por presuntas irregularidades en la venta de entradas del superclásico del domingo pasado de la causa que lleva adelante el juez de instrucción Mariano Bergés. El estadio podría permanecer inhabilitado mientras no se cumpla con las modificaciones requeridas, lo que pondría en peligro la utilización del club de ese escenario para la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América ante el Sao Caetano, de Brasil. Entre los hechos que llevaron a iniciar el “procedimiento” estaría que al menos un supuesto barra brava de Boca autorizaba o rechazaba el ingreso de personas a la bandeja media del estadio que da espaldas a la Casa Amarilla, tal como denunció el secretario de Seguridad en el Fútbol, Javier Castrilli. Si bien la causa se inició a partir de la presunta falsificación de entradas, el juez Bergés sospecha de la existencia de una supuesta "asociación ilícita". Por eso es que no se descartaron que, como consecuencia de los testimonios y del allanamiento, el presidente de Boca, Mauricio Macri, y otros directivos, sean convocados para la semana próxima para prestar declaración indagatoria.
Feria judicial porteña
El Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires estableció por medio de la acordada nº 6 la fecha de la feria judicial de invierno, la cual se llevará a cabo entre los días 19 y 30 de julio inclusive, la cual coincide con la adoptada por la Corte Suprema de Justicia. Señalaron los magistrados que para determinar la fecha se tuvo en cuenta las establecidas por los organismos correspondientes de los demás tribunales con sede en la Ciudad de Buenos Aires, siendo las mismas coincidentes con las vacaciones escolares y universitarias. La medida contó con las firmas de los magistrados Alicia Ruiz, Julio Maier, José Casás y Ana María Conde.
Falta de mérito
La Sala II de la Cámara Federal confirmó la falta de mérito que había beneficiado al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex secretario de Finanzas Daniel Marx en la causa en que se investigaba el denominado megacanje de la deuda externa. Asimismo, en la misma resolución los camaristas Martin Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi ordenaron al juez federal Jorge Ballestero que implemente diversas medidas para reimpulsar la investigación y esclarecer si se cometieron o no ilícitos durante aquel trámite de refinanciación de la deuda pública en 2000.
Denuncia
Patricia Bullrich denunció al Gobierno y al candidato oficial a embajador en España, Carlos Bettini por violación de los deberes de funcionario público. En su presentación acompaño documentación que acreditaría que el propuesto embajador era lobbista señalando por ello una supuesta falta de idoneidad para ocupar ese cargo. Según la acusación, Bettini fue lobbista de empresas ibéricas y cuenta con la doble ciudadanía argentino-española, lo cual "no sólo lo inhabilita, sino que pone en riesgo el interés económico de los capitales locales". Desde el gobierno el ministro del interior, Aníbal Fernández negó en declaraciones radiales que Bettini haya sido lobbista y lo calificó como "un hombre de bien". No obstante, el propio candidato a embajador habría admitido hace cuatro años ejercer ese rol según la denuncia. "Soy lobbista institucional y político de los españoles y en representación de intereses empresarios", había dicho en un reportaje con la revista Veintidós, publicado el 18 de mayo de 2000, documentación que adjuntó Bullrich a la Justicia. La denuncia fundada en el artículo 253 del código penal establece multas de entre $ 750 y $ 12.500 e inhabilitación de 6 meses a 2 años de prisión para el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurriesen los requisitos legales. La norma prevé la misma pena para el que acepta el ofrecimiento.