B) ALEJADO. Totalmente de la realidad sería un cambio de esa naturaleza, por varias razones, pero fundamentalmente porque Boggiano se identifica tanto con Domingo Cavallo que desde su retorno como ministro de Economía de Fernando de la Rúa, el juez lanzó sus aspiraciones a reemplazar a Nazareno con la ayuda de un sector de la prensa en la que Cavallo tiene fuerte arraigo. De acuerdo a la actual composición de fuerzas internas del propio gobierno y de los dos partidos principales -PJ y UCR- tal candidatura no prosperaría porque ni Raúl Alfonsín ni Carlos Menem desean una mayor influencia del súper ministro en un terreno que es considerado propio, más allá de las circunstanciales pujas internas de algún juez en esas instancias, adscribiendo decididamente a una de las dos corrientes. Esa composición del marco estratégico judicial es lo que posibilitó que Nazareno consiguiera fácilmente 7 votos para postergar por dos meses el análisis de si se recortan - nadie informado cree que ello vaya a suceder- los sueldos. Como en casi todas las grandes jugadas de la presidencia de la Corte, recayó en Nicolás Reyes la forma de atemperar las ansiedades y esperar vientos mejores. Pero por ahora, no habrá recambio de titular del máximo tribunal de la República, ni recortes en los sueldos de jueces y empleados. Eso sí, no se entiende como a un medio acreditado en tribunales le dicen que no puede instalar una conexión inalámbrica de internet a su costa, obligándola a ocupar la línea telefónica de la sala de periodistas para comunicarse con su redacción, cuando la orden es ahorrar en todo lo que se pueda.
C) DUALISMO. En plena lucha contra la evasión se reflotó nuevamente la controversia acerca de si la ley penal tributaria es una ley represiva o una ley recaudatoria. Es que la cláusula de extinción mediante una cuasi transacción “pague y se termina la causa”, divide la opinión de muchos especialistas. Este seguramente será uno de los ejes de la reunión casi asamblearia que tendrá lugar en la AFIP en el primer día de la semana. Es que el dueño de casa, Héctor Rodríguez -cultor del perfil bajo, a diferencia de su antecesor Silvani-, invitó a la mitad del fuero penal económico –jueces, camaristas, tribunal oral y ministerio público- para ver como se pueden generar respuestas más firmes en la lucha contra la evasión, talón de Aquiles de la ley de déficit cero. Lo que causaba extrañeza en alguno de los magistrados, es que al tiempo de recibir las invitaciones de la AFIP, desde el riñón del equipo económico hacían conocer a la prensa un “memo” donde se criticaba a los jueces por no ser totalmente receptivos a las inquietudes de los funcionarios de la DGI y por el escaso nivel de penas de prisión efectiva –condenas mayores a tres años-. Más allá de que constituye una garantía hacia los ciudadanos que los jueces no sean meros ejecutores de los órganos de fiscalización –como suelen coincidir tanto desde el lenguaje de la calle Julio Cruciani como de la academia Raúl Zaffaroni-, la exigencia de colaboración parece recorrer una vía inversa: son los jueces los que le van a pedir a Rodríguez que los inspectores contesten sus pedidos de informes y que concurran a las audiencias cuando son citados, entre otros reclamos. La cuestión a favor de los jueces también la generó –todos suponen que sin proponérselo- el ex mandamás de la UFITCO, Maximiliano Rusconi, cuando, en retirada, disparó duro contra los funcionarios de la DGI diciendo que “hubo falta de apoyo para luchar contra la evasión” y afirmando que desde un principio le advirtieron –él lo comenta con suspicacias- que “las empresas grandes no evaden”.
D) INGREDIENTE. Adicional para este encuentro será sin dudas el que provino desde el Consejo de la Magistratura, donde el representante de los abogados del interior, Eduardo Orio, reconoció que por los 160 millones que el Congreso le recortó al Poder Judicial no hay presupuesto para la implementación del nuevo fuero penal tributario aprobado el año pasado, aconsejando que se use la actual estructura de Penal Económico con el sólo agregado de una secretaría específica para cada juzgado, ya que los jueces actuales y los futuros tendrán la misma competencia, sólo diferenciada por el monto de lo evadido –más de un millón de pesos-. Esta postura es coherente con la ya adoptada cuando se desistió de dotar al proyectado fuero de una cámara de apelaciones, estableciendo que la actual de penal económico sea la alzada común para los dos tipos de delitos tributarios. La opinión del consejero Orio tuvo un reconocido timming por parte de quienes siguen de cerca este tema, ya que al tiempo que hacía su propuesta, la comisión de selección del Consejo daba a conocer el ranking de candidatos para acceder a los juzgados creados: seis de los ocho primeros son actualmente funcionarios del fuero penal económico y otro lo es desde un juzgado federal de provincia , no apareciendo –como se auguraba- ningún funcionario de la DGI entre los mejor calificados. El primero de la lista fue el abogado porteño Javier López Biscayart -ahijado del ex ministro de justicia durante el Proceso, Jaime Lucas Lennon-, y de quien se supo tuvo su paso por la política en los tiempos del ex Consejo Deliberante junto a la UceDé de la familia Alsogaray, luego de trabajar en un juzgado de instrucción y antes de integrar el estudio de un conocido ex juez federal.
E) OTRO. Que quiso mostrar rápidos reflejos plegándose a la corriente mayoritaria en el Poder Judicial, fue el defensor general Miguel Ángel Romero, que aprovechó la ocasión e instruyó para que se conociera que desde hace dos meses viene reduciendo los gastos de ese 50 por ciento del ministerio Público -lo mismo lo decidió el Procurador Nicolás Becerra pero no puede comprobar si sus decisiones surgen efecto por la reconocida lentitud con que se cumplen sus órdenes en la administración de ese organismo-, además de informar que suspendió la Reunión Anual de Defensores que se iba a concretar en Buenos Aires esta semana. La convocatoria a la que normalmente asisten unas 200 personas de todo el país está prevista por ley, por lo que Romero la pospuso para noviembre a la espera de mejores noticias en la estragada economía nacional. Pese al disgusto de algunos defensores, fundamentalmente del interior, el Defensor calmó las aguas al asegurar que tampoco propiciará un recorte salarial garantizado constitucionalmente, igualmente que los jueces. El dato le llegó tarde al moyanista Julio Piumato porque lo incluyó en su estruendosa batucada en la planta baja del Palacio de Tribunales cuando vivó a Nazareno y vituperó a Boggiano y sus compañeros de ruta.