En ese sentido, el grupo exigió que tanto los jueces federales como provinciales “hagan cumplir la ley” y brinden protección a quienes reclaman por la violación de las necesidades más elementales.
Al respecto los piqueteros expresaron que los magistrados repugnan el deber que les compete cuando no sólo no asumen su compromiso constitucional sino que, por el contrario, lo niegan, para convertirse en verdugos de los mismos a quiénes deben resguardarlo.
Para los reclamantes en momentos en que se está repensando la legislación penal en materia de seguridad pública, se debe revisar en forma íntegra el Código Penal, con el fin de que se elimine la inclusión de figuras delictivas en los casos del legítimo ejercicio del derecho de peticionar en reclamo de condiciones dignas de vida.
Entre los que presentaron la nota se encontraba la docente Mariana Schifrin, quien fuera condenada por la justicia de Casación Penal para participar de concentraciones públicas, y cuya causa se encuentra a estudio del máximo tribunal.
Recordemos que semanas atrás Diariojudicial.com publicó un dictamen de la Procuración General de la Nación sobre el caso de esta mujer, en el cual se recomendaba no criminalizar la protesta, por lo cual el alto tribunal se deberá expedir en breve sobre este tipo de cuestiones.