En principio, el Tribunal Superior de la provincia ofreció un aumento de 140 pesos no remunerativos para las categorías medias y bajas, y la restitución de la bonificación por antigüedad a quienes perciben salarios más altos. Ante la sucesión de los paros y protestas, que aún persisten, se incrementó la oferta con una asignación de 150 pesos a todas las categorías, más la devolución de la antigüedad, cifra que es rechazada por el gremio que insiste en que el aumento debe ser el otorgado al sector privado a través de los decretos nacionales. Rubio afirmó que "no se afectarán fondos de la tasa de Justicia para destinarlo a salarios" como pretende el gremio, y si bien admitió "problemas" en la actividad de los Tribunales provinciales, negó que el servicio de Justicia "esté paralizado" por el conflicto que lleva más de 45 días.
Por otra parte, en Salta los judiciales realizaron en el día de ayer un paro de actividades junto a los docentes y sectores de la salud pública de la provincia por lo que estuvo paralizada durante toda la jornada la actividad en hospitales y juzgados. Los judiciales exigen desde hace meses mejoras salariales y de condiciones laborales. La protesta de ayer se encuadró en un plan de lucha que lleva varias semanas, no obstante el reciente anuncio del gobernador Juan Carlos Romero, quien incrementó los haberes en 75 pesos. A ese aumento se sumó el anunciado por el presidente de la Corte de Justicia, Guillermo Posadas, quien decidió recategorizar al personal de las dos últimas categorías, lo que implicó una mejora salarial para el 33 por ciento de los trabajadores.
Finalmente, en la provincia de Chubut, el Superior Tribunal de Justicia, mediante acordada consensuada entre los ministros y el Ministerio Público, fijó ayer las remuneraciones a otorgarse a todas las categorías del Poder Judicial a partir del primero de julio próximo, que comprende una recomposición salarial fijada en un 25% de aumento sobre el sueldo básico fijando el porcentaje a liquidar por cada año de antigüedad en el tres por ciento y un adicional remunerativo, no bonificable de ciento cincuenta pesos para los magistrados, funcionarios y empleados no alcanzados por la Ley Nº 5110, manteniéndose el abono en aquellos que lo están percibiendo. Los trabajadores judiciales venían reclamando desde hace meses una mejora salarial.