La pena de prisión perpetua está prohibida por la Convención Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN) que en Argentina tienen rango constitucional y, por lo tanto, rigen sobre todas las demás leyes nacionales. No obstante, hace 5 años la Cámara Nacional de Casación Penal sentenció a prisión perpetua a tres jóvenes que tenían menos de 18 años al momento de cometer el delito, razón por la cual el Estado fue denunciado ante la CIDH.
La Comisión, paso previo para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, analizó el caso y contactó a la Cancillería argentina con el objetivo de proponer a las partes comenzar con un proceso de solución amistosa del conflicto.
Para la abogada Noris Pignata, especialista en niñez, "una solución amistosa implica que el Estado reconozca que se violaron tratados internacionales y más allá de conmutarles las penas a estos chicos, haga una modificación legislativa para que ningún tribunal vuelva a imponerle una perpetua a un menor de edad".
Desde la Cancillería argentina, la representante especial para derechos humanos en el ámbito internacional, Alicia Olivera, afirmó que "la Cancillería tiene que fundamentar una opinión al respecto y observar si las penas efectivamente violan o no los pactos internacionales”.
Por su parte, Pablo Villegas, uno de los representantes del Comité Argentino de Aplicación y Seguimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN, dijo que desde el Comité aspiran a que haya un cambio legislativo para que esto no vuelva a suceder y que los otros casos de penas perpetuas, que al menos serían 10, sigan el mismo camino y sean contemplados por el Estado.