La decisión de elaborar el digesto partió del Congreso de la Nación, que en junio de 1998 aprobó la ley 24.967. La facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires ganó una licitación internacional para hacerse cargo de la elaboración del proyecto que originariamente previó un presupuesto de diez millones de pesos para terminar el trabajo en 30 meses.
Los problemas económicos pegaron duro y ahora, al mes 22, se presentan demoras en el giro del dinero por parte de la cartera de Justicia hacia la facultad de Derecho. Desde la casa de Altos Estudios advierten que si las deudas continúan se podría interrumpir el trabajo por falta de fondos.
Sin embargo, Juan Antonio Travieso, jefe del Gabinete de la Secretaría de Justicia –a cargo del trabajo- aseguró en Diariojudicial.com que “a pesar de los problemas económicos existe una voluntad política total, completa y absoluta para continuar con el proyecto, acompañada por un mecanismo de asignación de los recursos”.
Travieso explicó que en un principio los fondos para encarar el digesto provendrían de un acuerdo con un banco internacional que hizo un inesperado replanteo. Para solucionar el problema, se resolvió realizar un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automóviles de la República Argentina, que se transformó en un ente cooperador que pondría el dinero a disposición del Ministerio de Justicia. Pero, según explicó el funcionario, la venta de autos descendió en un 40 por ciento y provocó que la ACARA no cediera los fondos acordados en tiempo y forma.
Travieso, jurista y asesor del secretario de Justicia Melchor Cruchaga, aseguró una y otra vez que “la idea es seguir adelante” y sostuvo que, por otro lado, “el Digesto surge también de una norma jurídica” y que “sería absurdo detener el trabajo con cuatro millones de pesos ya gastados”.
El contrato prevé originalmente que el Digesto Jurídico Argentino esté terminado para el año que viene con un presupuesto de 9.976.415 pesos, aunque el mismo Travieso reconoció que se podrían llegar a hacer replanteos en algunas partes del proyecto. Según lo establece la ley, el Digesto abarcará 26 áreas del derecho y el trabajo de la facultad de Derecho cuenta con el respaldo de tres importantes editoriales que se dedican a publicar jurisprudencia y doctrina, además de una auditoría interna y el asesoramiento de una comisión de juristas que hará el control de calidad encabezada por el constitucionalista Daniel Sabsay, y está previsto que una vez finalizado el trabajo una comisión especial del Congreso haga una nueva revisión antes de tratar sobre tablas y convertir el Digesto en ley.
El Digesto contendrá las leyes generales vigentes y su reglamentación, un anexo del derecho histórico argentino (o derecho positivo no vigente) ordenado por materias y la referencia a las normas aprobadas por organismos supraestatales de las que la Nación sea parte.
Por otra parte, todas las leyes vigentes se renumerarán a partir del número uno, haciendo referencia expresa a las anteriores numeraciones. Además, según lo dispone la ley, con la aprobación del Digesto por parte del Congreso se considerarán derogadas las demás leyes que no se hubiesen integrado.