Sin embargo se aclara que “la garantía de un poder judicial independiente se basa entre otros conceptos en la dignidad y probidad de sus integrantes y, asimismo, en la observancia de las garantías que la Constitución Nacional le otorga a sus miembros para el pleno ejercicio de sus facultades, entre ellas la intangibilidad de las remuneraciones”.
El comunicado hace referencia a las obligaciones que el sistema legal impone a todos los ciudadanos (incluidos los funcionarios judiciales y los jueces) con sustento en el principio de igualdad previsto en el artículo 16 de la Constitución Nacional, entre las que se encuentran las cargas tributarias y, entre ellas, el impuesto a las ganancias.
Por tales argumentos, el Colegio Público “insta al tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto votado favorablemente en la Cámara de Senadores que prevé el pago del impuesto a las ganancias por los jueces, funcionarios judiciales y miembros de los organismos de fiscalización”.
La norma aprobada por los senadores abarca a los jueces federales, nacionales y provinciales e incluso a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y significaría un ingreso de entre 78 y 83 millones de pesos anuales al Tesoro Nacional.
Mientras tanto, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados aseguran que el proyecto aprobado por el Senado en abril de este año se está tratando en la comisión aunque todavía no existe consenso para poder aprobarlo.
“Los diputados de la Comisión, en este momento, tienen dos opciones: o aceptan lo que aprobó el Senado o insisten en la sanción del proyecto original” aseguró a este medio el Dr. Adrián Pagán, asesor del diputado Snopek, presidente la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados.
Por lo visto, el debate interno en la comisión se debe a que “varios diputados no están seguros que lo que aprobó la cámara alta es correcto desde el punto de vista constitucional” ya que el Senado no puede ser cámara de origen en temas de esta materia. De esta manera, los diputados quieren anticiparse a planteos en la justicia por parte de los jueces. “La solución a este problema está más cerca de llegar desde el plano político que del judicial”, agrega Pagán. Panorama porteño
En noviembre de 2003, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad dictó la Resolución 772 en la que dispuso derogar resoluciones anteriores que eximían a los jueces del pago del impuesto a las ganancias. Fue entonces cuando una asociación de magistrados (MAFUCABA), que se había presentado como tercero en aquella causa, pidió el dictado de una medida cautelar para suspender la aplicación de la Resolución 772.
El juez de la causa, Augusto Kersman, no sólo otorgó la medida sino que el 16 de diciembre de ese año suspendió el pago del impuesto para los jueces.
Diego Dukeski, Secretario Técnico del Consejo de la Ciudad, en diálogo con DiarioJudicial.com confirmó que la resolución “no se está aplicando salvo algunas excepciones”. Luego de la medida aprobada por el Consejo de la Ciudad, fueron presentados varios amparos, tanto en forma personal como colectiva, muchos de los cuales fueron otorgados por la Justicia.
Sin embargo, según pudo saber este medio, alrededor de media docena de magistrados porteños decidieron no ampararse y actualmente pagan el impuesto a las ganancias.