Viene transitando la realidad judicial desde su doble condición de titular del Juzgado Nacional en lo Comercial nº 18, con 14.000 expedientes en tramite, y miembro del Consejo de la Magistratura, donde integra, entre otras, la estratégica Comisión de Administración y Financiera que preside el Dr. Claudio Kiper. En está época de recortes en los gastos de todas las áreas, Javier Fernández Moores aprovechó para presentar un proyecto destinado a causar mucho impacto en el mundo jurídico: Se trata, ni más ni menos que de suspender la compra de colecciones de jurisprudencia en el ámbito del Poder Judicial de la Nación.
No es una cuestión menor desde que dicho poder paga mas de dos millones de pesos por año en ese rubro. "¿Cómo puede ser que nosotros estamos suministrando a las editoriales la jurisprudencia, les damos incluso procesado el trabajo, a veces le damos hasta un CD o un diskette con el material y después las editoriales nos venden eso mismo que les estamos suministrando?", se pregunta Fernández Moores, perplejo porque el Poder Judicial no cobra nada por dar sus bases de datos jurisprudenciales. Su proyecto obtuvo dictamen favorable, por unanimidad, de la Comisión de Administración y Financiera y en breve será tratado por el Plenario del Consejo, donde Fernández Moores descuenta su aprobación.
También hablamos de la informatización del Poder
Judicial: "No es lo ideal que asociaciones de bancos, que litigan en el fuero
comercial, sean las que provean las computadoras de ese mismo fuero". Relativo
a esta cuestión, el magistrado se refirió a otra de sus propuestas elevadas
al Consejo, relativa a la creación de un sistema de Infraestructura de Firma
Digital que, en primera instancia, sea utilizado en el ámbito interno del Poder
Judicial.
Diariojudicial.com: ¿Cómo surge su propuesta de suspender la compra de
colecciones de jurisprudencia?
Javier Fernández Moores: Este tema lo veníamos pensando desde hace tiempo
con mis colaboradores y con muchos jueces con los que veníamos hablando y siempre
nos hacíamos esta pregunta: ¿Cómo puede ser que nosotros estamos suministrando
a las editoriales la jurisprudencia, les damos incluso procesado el trabajo,
a veces le damos hasta un CD o un diskette con el material y después las editoriales
nos venden eso mismo que les estamos suministrando?. Como le decía, el tema
lo venimos pensando hace rato, lo que pasa es que es difícil de llevar a la
práctica, porque va a haber gente que se va a quejar por la falta de estas colecciones.
Creo que había que aprovechar este momento en que se planteaba realizar recortes
a los gastos. Es una suma de dinero importante la que se gasta en colecciones
de jurisprudencia. Estamos hablando de mas de dos millones de pesos, que yo
aspiro a que sea completamente ahorrado a partir del año próximo, además de
lo que se ahorrará en lo que queda de este año. Así que con este proyecto planteamos,
entre otras cosas, que hay que barajar y dar de nuevo. No es nuestra intención
mandar a la quiebra a las editoriales jurídicas, pero hay que renegociar nuevos
términos de contratación.
Dju: En los fundamentos del proyecto se dice que las bases de datos jurisprudenciales
son entregadas por el poder judicial a las editoriales jurídicas, cito textualmente,
"en muchos casos sin contraprestación alguna o sobre la base de acuerdos informales"
con las Cámaras y los juzgados. ¿Cómo se proyecta que sea a partir de ahora?
JFM: La idea es centralizar todo el tema en la Administración General
del Poder Judicial. Hay que separar todo lo que sea la parte jurisdiccional
de la parte administrativa. Nadie se está metiendo en las decisiones de los
jueces. Nosotros hemos estado en España, por dar un ejemplo, y vimos que allí
avanzaron hasta llegar a tener un Centro de Documentación donde se centraliza
toda la jurisprudencia y es este Centro de Documentación quien toma la decisión
administrativa de cómo se publica esa jurisprudencia.
Dju: Nosotros notamos que en los distintos fueros, los requisitos para
suministrar jurisprudencia a los que quieren publicarla varían enormemente...
JFM: Exactamente, esto es lo que queremos evitar. Repito, la idea es
uniformar los requisitos y centralizar el manejo de la jurisprudencia. Por eso
el proyecto hace saber a las Cámaras que no podrán suministrar las bases de
datos a las editoriales y entonces, estas tendrán que recurrir al Consejo de
la Magistratura y a la Administración General del Poder Judicial para establecer
nuevos términos de contratación. Habrá que analizar, por ejemplo, si el Poder
Judicial no debe hacer un llamado a licitación para ver quien da un mejor precio
y condiciones por las bases de datos. Por otra parte, lo cierto es que muchas
Cámaras de Apelaciones tienen secretarias u oficinas de jurisprudencia que están
informatizadas y en línea con los juzgados. Entonces, si un juez puede tener,
por medio de la informática, acceso gratuito a la misma jurisprudencia que me
esta vendiendo determinada editorial, ¿para que necesita las obras de la editorial?.
Por supuesto que hay casos puntuales donde los juzgados no tienen buen acceso
a Internet, sobre todo los juzgados federales del interior. Esos casos deben
atenderse, por supuesto. Por eso mismo este año se aprobaron las Bases de Informatización
del Poder Judicial. El 7 de agosto también se aprobó en la Comisión de Administración
y Financiera un proyecto para proveer de un servicio de firma digital en el
ámbito interno del Poder judicial. Todo esto va ayudando a brindar un servicio
mas eficiente.
Dju: ¿Las editoriales que reciben las bases de datos jurisprudenciales
no hacen ningún tipo de pago? ¿En todos los casos el Poder Judicial entrega
estas bases gratuitamente?
JFM: Formalmente, no. Ahora, si hay acuerdos informales con las Cámaras
yo lo desconozco. Pero justamente es con esto con lo que hay que acabar, es
decir, con esta practica en la que una Cámara decide, por ejemplo, que ella
da la jurisprudencia y a cambio la editorial X le entrega una computadora, o
papelería, etc, etc. Desconozco si esto sucede pero, si sucede, hay que acabar
con esto, porque no entra dinero para el Poder Judicial. Además, el tema de
la bibliografía es relativo. No hay que olvidarse que la Corte Suprema tiene
su propia biblioteca y además de proveer a todos los jueces de su colección
de fallos, que ahora incluso se puede consultar por Internet, también provee
de bibliografía especializada cuando los jueces así lo piden. Por ejemplo, hace
unos días yo necesitaba un libro determinado sobre quiebras, hice el pedido
y la Corte lo compró y me lo envío. Por eso, nuestro proyecto no incluye suspender
esas compras de libros de doctrina sino las de colecciones de jurisprudencia.
Dju: Este proyecto tiene dictamen de la Comisión de Administración y
Financiera y ahora pasa al Plenario del Consejo para su tratamiento. ¿Era necesario
que pasará al Plenario o podía haber sido directamente aprobado por la Comisión?
JFM: Yo entiendo que no era necesario elevarlo al Plenario. Mi propuesta
original era que la decisión de suspender la compra de colecciones de jurisprudencia
y los otros temas que se plantean en el proyecto fuera tomada directamente por
la Comisión de Administración y Financiera. Entiendo que esa Comisión está facultada
para ello. Es más, creo que esa decisión la podía haber tomado hace tiempo
la Administración General del Poder Judicial. Pero, bueno, se decidió elevarlo
al Plenario...está bien, por un lado es mejor que este proyecto salga con el
respaldo de todo el Consejo. En la Comisión se lo aprobó por unanimidad, sin
modificaciones. Entiendo que el Plenario también lo va a aprobar.
Dju: El proyecto también fija un plazo de 60 días para que la Comisión
de informática haga una evaluación sobre como marcha la informatización del
Poder judicial...
JFM: Exactamente, la idea es que el Comité de Informática elaboré
un inforrme y desarrolle un plan de acción para la modernización de las Secretarías
u Oficinas de Jurisprudencia y Bibliotecas dependientes de las Cámaras de Apelaciones
Nacionales y Federales de Apelaciones. Si suspendemos la compra de colecciones
de jurisprudencia, por otro lado tenemos que proporcionarle a los jueces esa
información por otra vía, que es la informática...
Dju: Le pregunto esto porque hay versiones en el sentido de que se van
a recortar gastos en informatización...
JFM: Mi postura es que esto no es un gasto, es una inversión. Creo que
el Poder Judicial necesita invertir en informatización. Esta inversión va a
traer un gran ahorro a mediano plazo. Nuestro proceso de informatización está
bastante avanzado a comparación de otros países, pero hay mucho por hacer. Hay
que diseñar un portal del Poder judicial con un mejor acceso tanto para el abogado
como para la gente común...
Dju: Si uno compara distintos fueros del Poder Judicial de la Nación
va a observar distintos grados de avance y distintas modalidades en los respectivos
sistemas de informatización...por ejemplo, ¿Por qué algunos juzgados del fuero
comercial tienen sus proveídos en Internet, otros no lo tienen y otros ni siquiera
están completamente informatizados y siguen sacando proveídos "a mano"?
JFM: Esto se debe a la falta de decisión política de asignar partidas
para esto. Al no haberse asignado presupuesto, la Cámara Comercial empezó a
tomar decisiones sola, con el consentimiento tácito de la Corte Suprema. Pero,
si bien se presta un buen servicio, la forma en que se hizo no es la ideal
porque no es lo ideal que asociaciones de bancos, que litigan en el fuero comercial
sean las que provean las computadoras de ese mismo fuero. De alguna manera uno
de los principales litigantes que actúan en el furo comercial son los que les
proveen las computadoras. Esto es algo que se debe corregir.
Dju: ¿Esto quedó en suspenso o ya terminó ese acuerdo con los bancos?
JFM: No eso ya se ejecutó, ya está terminado.
Dju: ¿Y por que no alcanzó para informatizar todos los juzgados comerciales?
JFM: Porque tampoco ellos estaban dispuestos a proveer tantas computadoras.
Abarcó hasta ahí. El fuero comercial está en Internet porque en la gestión del
ministro Granillo Ocampo, el Ministerio colaboró con dinero. El Ministerio de
Justicia asignó partidas propias para instalar las redes. Ahora nos llegó una
comunicación del Ministerio de Justicia donde nos dicen que el Poder Judicial
se tiene que hacer cargo del costo servicio del proveedor de Internet. Habrá
que hacerse cargo o tendremos que cortar el servicio. Pero aun funcionando como
funciona, le puedo dar el siguiente ejemplo: La Cámara Comercial tiene un promedio
de 62.000 consultas por Internet. Es un numero que crece mes a mes. Es decir
que la gente usa el sistema. Avanzamos hacia la informatización total donde
se pueda acceder electrónicamente al juzgado y, cuando por fin tengamos ley
de firma digital, que los escritos puedan ingresarse por la vía electrónica
como se hace en otros países.
Dju: el 7 de agosto la Comisión de Administración y Financiera aprobó
un proyecto de firma digital, también de su autoría ¿En qué consiste?
(N de la R: Restringiendo el termino "firma digital", a aquellas que tienen
aptitud para otorgar validez legal a los documentos electrónicos, puede definirse
como el resultado de la aplicación de un procedimiento seguro a un documento
digital, que permite garantizar su integridad, autenticidad y autoría. La validez
legal de la firma digital ha sido reconocida en varios países, como Italia,
Alemania, Francia y EE.UU, asimilándola a la firma ológrafa)
JFM: Esto todavía tiene que ir al Plenario del Consejo. Básicamente,
lo que dice el proyecto es que el Consejo va a prestar un servicio de firma
digital para los juzgados que lo requieran. El que quiera usarlo lo usará, el
que no, no. La idea es reducir papeleo y ser más eficientes. Tratar que las
comunicaciones entre distintas oficinas del Poder Judicial puedan hacerse vía
electrónica, por ejemplo, vía correo electrónico, en lugar de mandar oficios
y notas para, por dar un caso, pedir una resma de papel, como pasa ahora. El
sistema de firma digital permitirá que esa información circule con total seguridad
en cuanto a la autenticidad de su contenido y la identidad del emisor. La idea
es crear un sistema de Infraestructura de Firma Digital. Una vez que tengamos
una ley de firma digital se podrá avanzar en este sistema y lograr que as partes
de un pleito puedan usar la firma digital para notificar o presentar escritos,
pero ahora es un sistema para uso interno.