La iniciativa, por lo tanto, es una medida intermedia entre la idea de trasladar (físicamente) las fiscalías a los barrios, motorizado por el Gobierno de la Ciudad y por el gobierno, y el objetivo de mantener las cosas tal como están.
“El argumento para hacer esto es que los fiscales en los barrios pueden tener un contacto directo con los vecinos y conocer mejor los delitos que allí se cometen”, afirmó un fiscal de instrucción a este medio a la vez que aclaró que esto es “relativo”. “Nosotros sabemos qué tipo de delitos hay en cada barrio, tenemos un mapa del delito con el sistema actual”, agregó.
Otro de los fiscales consultados fue más allá y dijo que “es una contradicción absoluta” porque “el Procurador afirmó en la audiencia pública en el Senado que no estaba a favor de la descentralización y ahora dice que sí”. Ese mismo fiscal, que pidió expresamente no ser mencionado, se quejó airadamente y dejó una pregunta en el aire: “por qué no hay descentralización en materia de drogas”.
Los fiscales coincidieron en sostener que las fiscalías barriales que ya están en funcionamiento “no han cambiado la calidad del servicio”. “Por lo que yo he visto, las fiscalías instaladas en los barrios no tienen mejor estadísticas que las nuestras”, aseguró un fiscal, por lo que creen que no hay beneficios a la vista que justifiquen el cambio de sistema.
Al momento de calificar el proyecto, los fiscales dijeron que es “poco creativo”, que es “una cosa abstracta” y hasta llegaron a arriesgar que es “inviable”. “Los fiscales tenemos que estar preparados para tratar cualquier delito y en cualquier ocasión”, afirmó uno de estos fiscales.
Por último, los representantes del Ministerio Público se pronunciaron a favor de que se solucionen primero los problemas que ya tienen las fiscalías: recursos técnicos limitados, poco personal, etc. y dejaron picando la sospecha de que “detrás de este proyecto se esconde otro objetivo”.
Mientras tanto, el proyecto de ampliar las fiscalías barriales experimentales que actualmente funcionan en La Boca, Saavedra y Pompeya sigue vigente. El único impedimento, según las fuentes de la Procuración, para seguir avanzado es presupuestario.