Así cada tenedor de arma de fuego, civil o perteneciente a una fuerza de seguridad, tendrá un año para someterse al procedimiento del disparo testigo y obtener el certificado correspondiente. Por su parte los vendedores tienen la obligación de entregar un arma nueva con el mismo certificado.
El autor del proyecto comentó que el objetivo primordial es “reducir la criminalidad y la inseguridad que impera en nuestra provincia, poniendo énfasis en la utilización de recursos humanos especializados y tecnologías adecuadas, de los que sin duda alguna podríamos disponer”.
La firma balística son peritadas por profesionales para determinar de que arma se disparó a fin de esclarecer crímenes que sin estas técnicas no se podrían resolver. Según argumentó Bruni los técnicos bonaerenses “tienen muy buena reputación pero no cuentan con los recursos necesarios”.
“En muy pocas dependencias de la Policía Científicas hay microscopios adecuados y que, al no existir una base de datos de balas y vainas, la única manera de relacionar la misma arma con dos hechos criminales es a partir de la capacidad del investigador y de la comparación posterior realizada”, indicó el legislador.
En este sentido, agregó que “con una base de datos actualizada podría saberse en todas las oportunidades que fue utilizada esa arma, no importando el curso de la investigación o el lugar del hecho criminal, teniendo de manera inmediata, los datos del poseedor si éste lo hubiese registrado”.
El registro de datos balísticos se utiliza en distintas estados y ciudades del mundo, mientras que en nuestro país se implementó en las provincias de Córdoba y Chubut. Como beneficios más ostensibles Luis Bruni detalló: mejoramiento de la investigación criminal, reducción del mercado negro de armas, control de las armas y su utilización, y reducción de la impunidad.