La Comisaría 3 de la Policía Federal inició actuaciones contra los ahorristas que el último martes provocaron disturbios en el interior del Palacio de Tribunales, cuando se manifestaron en contra del fallo “Cabrera” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La dependencia policial comenzó la instrucción sumaria bajo la carátula “presunta averiguación de delito de acción pública- intimidación pública”, con la intervención del Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 12 a cargo de Rodolfo Canicoba Corral. Recordemos que el martes un grupo de ahorrista ingresó por la fuerza al edificio de Talcahuano 550 quemando papeles en el hall central del inmueble.
Denegación
El pedido de excarcelación de la docente Ana Pandolfi, condenada a siete años de prisión por el delito de abuso sexual agravado contra cuatro alumnas de un jardín de infantes, fue rechazado por el juez de Feria del Departamento Judicial Mar del Plata, Eduardo Alemano.
Los abogados Eduado Berchot y Patricia Perelló, defensores de Pandolfi, solicitaron la excarcelación extraordinaria, o subsidiariamente el arresto domiciliario. Los letrados consideran inconstitucional el artículo 371 del Código de Procedimiento, que en su último apartado faculta a los Tribunales a detener a los imputados tras el dictado de sentencia, y argumentan que esa norma "viola el principio de inocencia" teniendo en cuenta que "no hay sentencia firme".
El magistrado no hizo lugar a la presentación por improcedente, ya que debe ser revisada por el Tribunal de Casación. Los defensores señalaron que apelarán ésta medida ante la Cámara de Feria local que componen los magistrados Daniel Laborde, Reinaldo Fortunato y Carlos Pizarro Lastra. El Tribunal Oral en lo Criminal 3, compuesto por Daniel Adler, Hugo Trogu y Alemano, condenó el 17 de junio último a Pandolfi a siete años de prisión. La maestra permanece alojada desde entonces en la Unidad Penal IV de Bahía Blanca.
Exención
Fue promulgada la ley 25.901 mediante la cual se aprobó el Acuerdo Sobre Exención de Traducción de Documentos Administrativos para Efectos de Inmigración entre los Estados Partes del Mercosur, suscripto en Florianópolis el 15 de diciembre de 2000. Por el presente convenio según lo indica el art. 2 “los nacionales de cualquiera de los Estados Partes quedan dispensados, en los trámites administrativos migratorios señalados en el Artículo 1 (solicitud de visa, renovación de plazo de estadía y concesión de permanencia), de la exigencia de traducción de los siguientes documentos:1) Pasaporte 2) Cédula de Identidad 3) Testimonios de Partidas o Certificados de Nacimiento y de Matrimonio 4) Certificado de Ausencia de Antecedentes Penales”. (Texto completo al final)
Intimación
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor intimó a las empresas de medicina prepaga y obras sociales a cubrir la atención médica de embarazos, partos y recién nacidos que hayan sido concebidos por fertilización asistida. La subsecretaria de Defensa del Consumidor, Patricia Vaca Narvaja, exhortó así a las empresas a que se abstengan de negarse a atender este tipo de embarazos y partos y pidió que la gente denuncie los casos en que no cumplan esa norma. Además advirtió a dichas empresas que de no cumplir serán denunciadas penalmente ante la Justicia por el presunto delito de desobediencia previsto por el art. 239 del Código Penal, que impone de 15 días a un año de cárcel y multas de hasta 500.000 pesos. Asimismo, aclaró que las prepagas y las obras sociales están obligadas a atender todos los embarazos, partos y tratamientos de los recién nacidos, más allá de cómo hayan sido concebidos los bebés. Así lo dispone la ley nacional 24.754 que fija el Programa Médico Obligatorio (resolución 201/2002) que comprende los servicios básicos que deben recibir los afiliados, y establece textualmente que “Se dará cobertura durante el embarazo y el parto a partir del momento del diagnóstico y hasta el primer mes luego del nacimiento” y que se otorgará “Atención del recién nacido hasta cumplir un año de edad. Todo con cobertura al 100% tanto en internación como en ambulatorio y exceptuado del pago de todo tipo de coseguros para las atenciones y medicaciones específicas”. Por lo cual se instó a dichas empresas a que remuevan, en su caso, las cláusulas contractuales que prescriban lo contrario. (Texto completo al final)
Designación
El fiscal Guillermo Marijuan quedó designado oficialmente como el nuevo responsable de la Fiscalía Federal 9, donde se investiga el atentado contra la AMIA. La resolución fue firmada por el Procurador General de la Nación, Esteban Righi, quien suplantó así al fiscal Eamon Mullen, que finalizó su labor hoy en la justicia, de acuerdo a la renuncia presentada a principio de mes. Mullen se alejó de su puesto por razones personales, luego de haber sido separado abruptamente del juicio oral y público que se sigue contra la "conexión local" del atentado a la AMIA, hecho que investigó desde el día de la masacre. Tras pedir la opinión de la asesoría jurídica de la Procuración, Marijuan recibió el aval para dejar de ser agente adjunto en la Fiscalía 12 y convertirse en el titular de la Fiscalía 9, en donde -no obstante- ya había comenzado a trabajar extraoficialmente. Marijuan intervino en casos de resonancia pública, como el otorgamiento de jubilaciones presuntamente "truchas" en La Rioja y recientemente en las denuncias contra el grupo de piqueteros liderado por Raúl Castells.
Retiro
Se ha presentado ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires un proyecto de ley para eliminar las publicidades de bebidas alcohólicas que exhiben los comercios en su exterior. La iniciativa, fue presentada por el diputado Gustavo Ferrari, quien afirmó que si la provincia mantiene restricciones a la venta de alcohol, vinculadas con la edad de los consumidores y el horario en el que puede ser comercializada, es lógico que se impongan limitaciones a la publicidad. La propuesta pretende que sea realizada una modificación al Código de Faltas vigente, por el cual se sancione a los titulares de comercios que exhiban en su fachada o marquesina exterior cualquier clase de publicidad de bebidas alcohólicas, y deberá aplicarse por el Poder Ejecutivo provincial conjuntamente con un programa de retiro de la publicidad que evite perjuicios innecesarios a comerciantes y empresarios.