La medida afectará a Aníbal Ibarra, al secretario de Desarrollo Social, Rafael Romá, y al presidente del Instituto de la Vivienda, Ernesto Selzer. Las sumas que se obtengan de la aplicación de las sanciones conminatorias serán a favor de los accionantes.
A la cero hora de hoy se había terminado el plazo concedido por el juez. El gobierno aún no pudo mudar a las 38 familias en cuestión. Sin embargo salió a criticar públicamente al magistrado. "El lunes [por el próximo] comienza la feria judicial y Gallardo deja la causa, así que esperamos que se haga cargo de ella un juez más centrado. Lo de este hombre es increíble: quiere manejar la política porteña. Para eso, que se presente en unas elecciones y gane, pero que no utilice el Poder Judicial para hacerse famoso", se quejó el jefe de Gabinete, Raúl Fernández. Cabe aclarar que el gobierno porteño apeló la medida pero, hasta hoy, la Cámara no se expidió.
La causa judicial se inició en 2001 cuando este mismo juez ordenó al Gobierno de la Ciudad “garantizar el derecho a la vivienda hasta tanto cesen las causas que originaron la asistencia” y a “verificar si el hotel en el que se hospedaban los amparistas cumplía con las exigencias legales referidas a su habilitación e incorporación al sistema prestacional”. La sentencia fue apelada pero la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad ratificó lo esencial de la medida, es decir, ordenó al Gobierno de la Ciudad a “que brinde a los actores una adecuada cobertura de la emergencia habitacional”.
El 1 de noviembre de 2002, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad desestimó una queja y rechazó un recurso de inconstitucionalidad interpuestos por el gobierno porteño, y remitió el expediente al juez Gallardo para que tome las medidas tendientes al efectivo cumplimiento de lo que había ordenado en la sentencia de fines de 2001.
Durante el pasado mes de junio de este año se realizaron dos audiencias para intentar llegar a una solución, en donde estuvieron los representantes del Gobierno de la Ciudad, los representantes de los beneficiarios de los planes, el Defensor Oficial y el Asesor Tutelar, y algunos diputados que integran la Comisión de Vivienda de la Legislatura porteña. Sin embargo, el gobierno de la Ciudad no cumplió con lo prometido.
Finalmente, el pasado 5 de julio, el juez Gallardo intimó al gobierno porteño a solucionar el inconveniente bajo apercibimiento de aplicar una multa. Además, en esa ocasión advirtió que procedería a embargar las cuentas oficiales que el Gobierno porteño tiene en el Banco Ciudad y a denunciar la situación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambas medidas fueron ordenadas hoy mediante una nueva resolución.
En un durísimo fallo, Gallardo consideró que "dos de las tres familias que ya han sido reubicadas por el Gobierno de la Ciudad en aparente cumplimiento de lo ordenado por sentencia del 5 de julio del corriente año, se encuentran alojadas en el hotel "Salta", en condiciones que a simple vista se presentan como insatisfactorias en términos técnicos e indignas humanamente consideradas". "Su reubicación -continúa el magistrado- dista de ser un progreso cualitativo y la decisión gubernamental de alojarlas en estas condiciones o bien demuestra una desidia francamente inaceptable o bien evidencia que el Ejecutivo ha menospreciado el papel de la justicia como garante de los derechos constitucionales".
Por último, el magistrado ordenó que se proceda a la reubicación provisional de la totalidad de las familias alojadas en los hoteles clausurados. Para ello, el tribunal dispondrá de las sumas embargadas.
Según datos del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y de la Subsecretaría de Desarrollo Social porteña, unas 150.000 personas viven en hoteles y pensiones -7000 subsidiadas por el gobierno-, otras 100.000 en propiedades intrusadas, y 110.000 lo hacen en villas de emergencia. Precisamente, son estas cifras las que decidieron a diputados opositores a reclamar con urgencia la declaración de la emergencia habitacional en la ciudad, pedido al que el gobierno se resiste.