22 de Noviembre de 2024
Edición 7097 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 23/11/2024

¿Sentencia infiel?

Solicitan que una defensora oficial comparezca a una audiencia ante la Comisión de Acusación del Consejo para brindar información en un caso donde se investiga la presunta modificación de una sentencia dictada por un Tribunal Oral Federal.

 
El consejero Juan Mario Gersenobitz solicitó que la defensora oficial Fabiana León, quien actúa ante los tribunales orales en lo criminal federal de San Martín, sea convocada a una audiencia ante la Comisión de Acusación, con motivo de una investigación en la cual se intenta determinar si los jueces Luis Alberto Nieves, Víctor Horacio Bianco y Daniel Alberto Cisneros que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de San Martín, habrían sustituido una sentencia –o párrafos de la misma- dictada el 21 de mayo de 2001 en la causa 935 “Rojas, Faustino s/ infracción a la ley 23.737”.

La defensora denunció a los camaristas por los presuntos delitos de supresión de documento público y falsedad ideológica. La denuncia recayó ante el juzgado federal en lo criminal y Correccional de San Isidro número 2 a cargo del juez Conrado Bergesio pero, por razones de turno, la causa pasó luego al juzgado número 1 a cargo de Roberto Marquevich. Al tomar conocimiento del caso, Gersenobitz pidió la actuación de la Comisión de Acusación.

León, defensora oficial de Rojas, a quien los camaristas le aplicaron una pena de cuatro años y tres meses de prisión por tenencia y comercialización de cocaína, denunció a los magistrados por haber recibido, al notificarse, una copia de la sentencia con un fundamento distinto a la que quedó en el expediente.

El fiscal Pedro García había solicitado una pena de cuatro años para el imputado, pero la defensora interpuso un recurso de casación pidiendo la nulidad de todo lo actuado al tiempo que se quejó por los argumentos “contradictorios de los jueces en la sentencia” y además porque “no explicaban la razón de haber impuesto una condena mayor a la solicitada por el fiscal”. Por su parte el juez Marquevich ordenó allanar el Tribunal para analizar la documentación de las computadoras del mismo y comprobar si la sentencia fue o no modificada.



dju / dju
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