En este sentido, la Federación considera de sumo interés la participación de representantes de los ámbitos académico y científico, que deberían ser designados por la Universidad de la provincia, siendo sumamente conveniente que se exijan como requisito para integrar el Consejo de la Magistratura los mismos que rigen para ser juez de cámara.
Siguiendo la línea califica de insuficiente para la evaluación de la idoneidad, la compulsa de títulos y antecedentes siendo necesarios que éstos se completen con exámenes de oposición, reduciéndo la nómina de cinco postulantes -por ser excesiva- a tres que reúnan las mejores condiciones para el ejercicio del cargo concursado debiendo el dictamen tener efecto vinculante para la Cámara de Diputados.
Por otro lado, la FACA recomendó la derogación de la ley 7.562 como modo de restablecer el artículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ya que el instituto de la recusación está vinculado al derecho de defensa.
Algo similar es lo que ocurre en la provincia de Tucumán, en donde la FACA se expidió sobre la imprevista decisión del Poder Ejecutivo de esa provincia, de suprimir por decreto el Consejo Asesor de la Magistratura.
Por medio de una resolución afirmó que el Consejo cumplía la tarea de asesoramiento no vinculante conformando ternas de candidatos para cubrir las vacantes del Poder Judicial, con lo cual implicaba una autolimitación del Poder Ejecutivo en el proceso de selección de los magistrados, la cual ha funcionado exitosamente por espacio de trece años en la función encomendada, importando un significativo progreso cualitativo en el sistema de selección de los jueces.
Calificó la derogación como “un retroceso lamentable” en el proceso de selección de magistrados contrariando las actuales tendencias provinciales y nacionales, siendo falsas las imputaciones que utilizaron para argumentar tal proceder, en el sentido de que los componentes del Consejo actuaron en forma corporativa. Esta resolución se contradice con la postura de mejoramiento del sistema que se había adoptado con la ampliación de los componentes de este Consejo, completaron.
Esta resolución, expresó la FACA implica reasumir exclusivamente en el Poder Ejecutivo la plena discrecionalidad en la designación de los magistrados, lo cual resulta inaceptable ante la actual participación generalizada que se requiere para tales designaciones, a fin de evitar la conformación de un Poder Judicial adicto.
De cualquier forma, estos reclamos efectuados por los colegios de abogados provinciales y apoyado por las resoluciones emitidas por la Federación Argentina de Colegios de Abogados desde principio de año, aún no han encontrado una solución concreta al problema.