La preocupación del legislador puntano está motivada en las declaraciones adjudicadas al ministro de Seguridad bonarense, León Arslanián y que fueron publicadas por Clarín el 15 de julio. En efecto, allí se informa que según el Ministro “hay al menos cincuenta y dos mil personas que ostentan la calidad de prófugas de la Justicia en esa jurisdicción”, y que “alrededor de diez mil de ellas cuentan con pedido de captura por delitos tan graves como, por ejemplo, homicidios, robos con armas y violaciones”.
“De ser exactas estas cifras, nos encontraríamos con un verdadero ejército de delincuentes en libertad, cuya cantidad duplica a la de presos que existen alojados en la totalidad de las cárceles de la Provincia de Buenos Aires, y supera el número de cuarenta y cinco mil efectivos con que cuenta la Policía de esa provincia”, sostuvo Agúndez en los fundamentos del proyecto.
También resaltó que “estos guarismos se circunscriben a una sola de las provincias de nuestro país -si bien la de mayor población- por lo que si consideramos la totalidad de nuestro territorio, se llegaría a una cantidad verdaderamente catastrófica”.
El senador radical advirtió que “será inútil que este Poder Legislativo apruebe las modificaciones necesarias a la legislación penal, agravando las penas por la comisión de delitos aberrantes, si al mismo tiempo las autoridades encargadas de la prevención y la represión del accionar delictivo cumplen sus tareas con llamativa y preocupante negligencia”.
Cabe recordar que luego de la información difundida por el matutino, y en ocasión del anuncio de recompensas para aquellos que aporten datos que permitan capturar a prófugos de la Justicia, el subsecretario de Investigaciones en Función Judicial, Esteban Marino, aclaró que los prófugos con pedido de captura en la provincia son alrededor de 5.000 y no 52.000 como se había informado. El funcionario agregó, en esa oportunidad, que "la información de que los prófugos eran más de 50 mil surgió de una base de datos del año 1980 que está siendo purificada y que incluía pedidos de paradero y de contraventores, o sea faltas menores".