No es la primera vez que desde el Congreso se intenta avanzar con un proyecto de este tipo. Lo novedoso de esta propuesta, a diferencia de las anteriores, es que cuenta con aval de diputados todos los bloques mayoritarios. Para poder avanzar con las reformas, los diputados deberán derogar los artículos 7, 8 y 10 de la denominada Ley Cafiero (25.488).
“El proyecto que prevé el traspaso de la policía pedimos que sea tratado sobre tablas el 4 de agosto”, aseguró a este medio el diputado justicialista Cristian Ritondo luego de mantener una reunión con el jefe de su bloque de diputados.
También en esa línea se pronunció la diputada nacional Silvana Giudici, quien adelantó que impulsará el tratamiento "sobre tablas" del proyecto que establece el traspaso de la Policía Federal "en la primera sesión del cuerpo". "Creemos que se va a producir un rápido dictamen", sostuvo Giudici, autora de la iniciativa que debe ser tratada en las comisiones de Seguridad Interior y Presupuesto de la cámara baja.
No es el único proyecto que plantea esta misma cuestión: en total son catorce los proyectos que proponen lo mismo. Todo parece indicar que los incidentes ocurridos en la Legislatura hace dos semanas reavivaron en el Congreso Nacional el debate en torno a la autonomía porteña. De hecho, casi todos los referentes políticos de la Ciudad se manifestaron al respecto estas semanas.
La iniciativa cuenta con el aval del jefe de gobierno porteño, Aníbal Ibarra. "Compartimos un objetivo común que es avanzar en la autonomía de la ciudad, y la derogación de la llamada Ley Cafiero es un paso fundamental en el logro de ese objetivo" expresó. Además el jefe de gobierno ratificó la necesidad de "contar con una policía propia que responda a las estrategias de seguridad y que ejecute las políticas que se diseñen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y con una Justicia integrada al ámbito del Poder Judicial de nuestra Ciudad" y destacó que se trata de "la primera vez que el conjunto de diputados que representan a la ciudad, presentan un proyecto conjunto".
De hecho, esta mañana, en sus primera declaraciones públicas, el flamante ministro de Justicia, Horacio Rosatti, estimó que la Ciudad de Buenos Aires “debe tener su sistema policial”.
Sin embargo, “el proyecto que plantea el traslado de la Justicia seguramente va a necesitar un tiempo más para ser discutido”, confió a este medio el diputado Ritondo. Y agregó: “A menos que haya un impulso del Poder Ejecutivo va a llevar un tiempo para que se pueda aprobar”.
Según fuentes del Congreso, la mayoría de los diputados no duda en que la justicia tiene que ser traspasada, pero falta la discusión sobre el fondo de la cuestión: quién lo va a pagar. Además, algunos diputados aducen que puede ser tildado de inconstitucional el traspaso de la justicia porque los jueces han jurado como jueces nacionales.
En su momento la Asociación de Magistrados se pronunció en contra de este tipo de iniciativas. “La transferencia que se proyecta contradice el doble orden judicial previsto en nuestra Ley Suprema (arts. 75, inc. 12 y 116, CN) y es, por lo tanto, inconstitucional” determinó un comunicado de esa asociación.
Sin embargo, en los fundamentos del proyecto que prevé el traspaso de la Justicia se puede leer claramente: “No debe olvidarse que la transferencia de competencias, servicios, o funciones de la Nación a la provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está prevista en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional”. Y agrega: “Es de estricta y urgente necesidad que Buenos Aires proceda a crear y promover y a sustentar su propio estamento jurisdiccional”. Por último, la iniciativa aclara que los jueces “serán traspasados conservando su inamovilidad y jerarquía”.