En el acto no estuvo presente el jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. En su lugar, fue su hombre de confianza, el jefe de Gabinete Raúl Fernández, la procuradora general de la Ciudad, Alejandra Tadei, y el secretario de Seguridad, Juan Carlos López. Sin embargo, el jefe de gobierno porteño apoyó explícitamente el proyecto.
"Compartimos un objetivo común que es avanzar en la autonomía de la Ciudad, y la derogación de la llamada Ley Cafiero es un paso fundamental en el logro de ese objetivo" expresó Ibarra. Además ratificó la necesidad de "contar con una policía propia que responda a las estrategias de seguridad y que ejecute las políticas que se diseñen en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires con una justicia integrada al ámbito del Poder Judicial de nuestra Ciudad" y destacó que se trata de "la primera vez que el conjunto de diputados que representan a la Ciudad, presentan un proyecto conjunto".
Uno de los proyectos, impulsado por la ibarrista Silvana Giudici, propone que la Ciudad ejerza la competencia en materia de seguridad y protección de las personas y bienes (art. 7º). El peronista macrista Cristian Ritondo propone que la jurisdicción y competencia de la justicia Nacional Ordinaria de la Ciudad pase a formar parte del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (art. 8º). En tanto, el socialista Héctor Polino impulsa la transferencia del Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia (art. 10º). Según fuentes del Congreso, todos estos proyectos se han unificado en un sólo proyecto conjunto.
Para que estas reformas se pongan en práctica los diputados deberán derogar lo que dispone la ley 24.588 al respecto. Según el artículo 7 de la norma vigente, “la Policía Federal Argentina continuará cumpliendo funciones de policía de seguridad y auxiliar de la justicia en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, dependiendo orgánica y funcionalmente del Poder Ejecutivo Nacional”.
Por su parte, el artículo 8 dispone que “la justicia nacional ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires mantendrá su actual jurisdicción y competencia continuando a cargo del Poder Judicial de la Nación. La Ciudad de Buenos Aires tendrá facultades propias de jurisdicción en materia de vecindad, contravencional y de faltas, contencioso-administrativa y tributaría locales”. El articulo 10, en tanto, determina que “el Registro de la Propiedad Inmueble y la Inspección General de Justicia continuarán en jurisdicción del Estado Nacional”.
En el proyecto, los diputados también piden la transferencia de recursos de la Nación a la Ciudad para el traslado de las nuevas competencias, pero ésta será una discusión que se trasladará a la nueva Ley de Coparticipación Federal.
Los diputados que firman el proyecto son: Silvana Giudici, Cristian Ritondo, Héctor Polino, Irma Roy, Lucrecia Monti, Guillermo Cantini, Aldo Neri, Federico Pinedo, Nilda Garré, Jorge Argüello, María Barbagelata, Gerardo Conte Grand, Laura Mussa, Claudio Lozano, Juliana Marino, Hugo Martini, Inés Pérez Suárez, Miguel Bonasso, Jorge Vanossi y María América González.
La Asociación de Magistrados y Funcionarios se pronunció en distintas oportunidades en contra del traspaso del poder judicial de la nación a la capital. “Buenos Aires es la capital de la República Argentina y, mientras mantenga esa condición, en ese territorio federalizado no cabe otra jurisdicción que la nacional para la aplicación de la legislación común (art. 75, inc. 12 CN).
Esa legislación, en efecto, sólo puede ser aplicada por la Justicia Nacional o la Provincial. La Constitución concedió a la Ciudad una categoría institucional que dista de asimilarse a la autonomía de los estados provinciales. Consecuentemente, La transferencia que se proyecta contradice el doble orden judicial previsto en nuestra Ley Suprema (arts. 75, inc. 12 y 116, CN) y es, por lo tanto, inconstitucional” determinó un comunicado de esa asociación, tiempo atrás, en rechazo de una propuesta similar a la actual.
Sin embargo, Miguel Caminos, presidente la Asociación de Magistrados, confirmó a DiarioJudicial.com que “esa postura tiene plena vigencia”. “Estas iniciativas desconocen el régimen federal de gobierno adoptado por nuestra Ley Fundamental que sufriría un insuperable menoscabo si decisiones de los fueros penal, civil, comercial y laboral que inciden regularmente sobre actividades radicadas en territorio de las provincias, fueran adoptadas por jueces de la Ciudad en vez de los jueces Nacionales, en cuya designación participan decisivamente, a través de la intervención del Senado de la Nación”, sostiene ese mismo comunicado.