En primer lugar ordenó en autos “Bullrich Patricia y otros c / GCBA s/ amparo (art. 14 CCABA)”, retirar las credenciales a los menores de 15 años y darlos de baja del Registro de Recuperadores. Paralelamente, dictaminó que estos chicos debían recibir "una beca escolar para que continúen los estudios, en caso de haberlos abandonado" y al mismo tiempo, "un subsidio que reemplace los ingresos que obtenían como consecuencia de la actividad que desarrollaban".
El Gobierno porteño debía cumplir estas órdenes en el plazo de 10 días hábiles. Sin embargo, hasta el comienzo de la feria judicial el pasado 19 de julio, no había acreditado satisfactoriamente haberlo hecho.
Por esa razón, el Asesor Tutelar Gustavo Moreno, quien ya había intervenido en el expediente pidiendo la caducidad de las credenciales de los menores y proponiendo un plan para chicos de 15 a 17 años, presentó el 12 de julio una denuncia poniendo en evidencia los incumplimientos de los funcionarios porteños.
Si bien Moreno constató que se dio de baja a las credenciales de 37 personas (27 varones y 10 mujeres), denunció no se cumplió en informar la edad de los menores, como lo ordenaba la sentencia. Tampoco se notificó personalmente de esta decisión a los afectados.
Pero la mayor falta del Gobierno porteño fue omitir la acreditación de la entrega de las becas escolares y los subsidios. "El Gobierno de la ciudad debió haber informado al Juzgado si las 37 personas, a las cuales se les dio de baja la credencial, viven en la Ciudad de Buenos Aires, si la Secretaría de Educación les ha ofrecido su ingreso al sistema escolar y si ellos y/o sus padres han sido citados para percibir el subsidio ordenado, indicando en qué programa social podrían ser incluidos", consideró Moreno en su presentación.
Asimismo, Moreno advirtió que el Consejo de Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes no realizó el informe mensual en relación a cada adolescente, obligación que le impuso la justicia conjuntamente con el control y monitoreo de la situación de los recuperadores urbanos.
El amparo presentado por Bullrich se fundamentó en la violación de dos condiciones que prohíben el trabajo de menores, como son el trabajo insalubre y el horario nocturno, y la contradicción con la ley 992 de la ciudad, que regula y protege la actividad de los llamados recuperadores urbanos.
En su presentación previa a la sentencia, Moreno sugirió citar a los responsables de las personas de entre 15 y 17 años que tengan credencial de recuperador, para que autoricen o no al adolescente a su cargo a desarrollar tal actividad. Además, propuso realizar una evaluación psicofísica del adolescente y dejar constancia de su vacunación. Los chicos también deben recibir vestimenta de trabajo y guantes para usar en el trabajo.
Estas recomendaciones fueron tomadas en cuenta por el juez en su sentencia y deberán ser cumplidas por el Gobierno porteño en el plazo de 40 días hábiles.