Fueron publicados hoy en el Boletín Oficial, los diversos nombramientos de magistrados efectuados por el presidente Néstor Kirchner y el Ministro de Justicia Horacio Rosatti. De esta forma y por medio del decreto 990/2004 integrará la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, Provincia de Río Negro, el doctor Ricardo Guido Barreiro (decreto 990/2004) en tanto que por el decreto 991/2004 se designó a Fernando Gustavo Sanz de Urquiza como titular del Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 4.
Como Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de la Capital Federal, fue designado el doctor Luis Roberto José Salas (decreto 992/2004) y para completar la integración de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, fue nombrada María Laura Garrigos de Rebori (decreto 993/2004).
Por otra parte, y para ocupar un cargo en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 2 de la Capital Federal, fue designada Mónica Nidia Atucha (decreto 994/2004). Completan la lista, el doctor Orlando Arcángel Coscia quien se desempeñará como juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de la Provincia del Neuquen (decreto 995/2004) y José Guillermo Toledo quien fue nombrado como juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario (decreto 996/2004).
Seguridad y prevención
El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, León Arslanián, se entrevistó con el vicepresidente de Colombia, Francisco Santos Calderón, con quien intercambió información sobre temas de seguridad. El funcionario colombiano explicó y detalló a Arslanián las formas en las que trabaja la fuerza de seguridad de ese país y los servicios de inteligencia que tiene para prevenir y combatir los secuestros y los delitos violentos. De la reunión, también participaron el Fiscal General de Colombia, Luis Camilo Osorio, subsecretarios del Ministerio de Seguridad y autoridades policiales de alto rango.
Mayor presupuesto
En su intervención en el plenario de las comisiones de Justicia y Seguridad Interior que se realizó el martes en el anexo del Senado, la senadora Sonia Escudero (PJ-Salta), que preside la comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, afirmó que “para que exista seguridad, tenemos que tener fuerzas bien capacitadas, bien equipadas, bien pagadas y muy bien controladas”. Y agregó: “Hay déficit en cuanto a equipamiento y a sueldos en casi todas las provincias”. Por este motivo, el gobierno había anunciado en el paquete de Seguridad la creación de un fondo fiduciario para atender esta necesidad. Escudero le pidió al ministro que “se revea este tema y se mande el proyecto del fondo fiduciario”. “Si hay una decisión política de avanzar en el tema de seguridad, hay que votar el presupuesto necesario”, concluyó la senadora salteña en su breve intervención. Luego de escuchar atentamente, el ministro de Justicia volvió a tomar el micrófono y aseguró que “los fondos para atender la problemática de Seguridad van a surgir de reacomodamientos de partidas del presupuesto” y adelantó que “ya han sido remitidas por disposición del jefe de Gabinete un tercio de lo estipulado en el fondo fiduciario”. “Los fondos van a salir de ahí, no será necesaria la creación del fondo fiduciario”, determinó Rosatti.
Modificación
El Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires dispuso por medio de la resolución 487 publicada hoy en el Boletín Oficial porteño, derogar el artículo 2º de la Resolución CM Nº 149/99 que había fijado en $ 1.000 (pesos un mil) el monto mínimo en concepto de capital, a partir del cual sería procedente el recurso de apelación contra las sentencias definitivas recaídas en procesos de ejecución. Para tomar la medida se tuvo en cuenta que ante el elevado número de ejecuciones fiscales en trámite ante el fuero Contencioso Administrativo y Tributario, los integrantes de la Cámara de Apelaciones, por oficios de fecha 12 de marzo, 28 de abril, 7 de junio y 17 de junio del corriente año, solicitan se contemple la posibilidad de elevar dicho monto a la suma de $ 5.000 (pesos cinco mil). “Resulta razonable dar trámite favorable a la modificación propuesta, a fin de descomprimir la sobrecarga de tareas que actualmente afronta el referido Tribunal”, afirmó el cuerpo y decidió así fijar en $ 5.000 (pesos cinco mil) el monto mínimo en concepto de capital, a partir del cual será procedente el recurso de apelación contra las sentencias definitivas recaídas en procesos de ejecución, con excepción de los recursos interpuestos contra la regulación de honorarios profesionales.
Por otra parte, el Consejo decidió a través de la resolución 484 declarar como inhábiles los días 13 y 14 de julio de 2004, para todas las dependencias con asiento en la sede del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sito en la calle Arias 4491, sin perjuicio de la validez de los actos efectivamente cumplidos, en los términos y con los alcances previstos en los artículos 1.5 primer párrafo y 1.5.2 del Reglamento General de Organización y Funcionamiento del Poder Judicial aprobado por Resolución CM N° 152/99 y sus modificatorias, debido a que durante en esos días se vió interrumpido el servicio eléctrico en el mencionado edificio, lo que afectó la adecuada prestación del servicio de justicia. (TEXTOS COMPLETOS DE LAS RESOLUCIONES AL FINAL)
Jury
El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, presentó ante el Jurado de Enjuiciamiento una denuncia contra el juez de Ejecución de Penas de Paraná, Miguel Angel Retamoso, y su subrogante, Daniel Malatesta, por otorgar las salidas socio-laborales a Miguel Angel Lencina, detenido ahora por la desaparición de Fernanda Aguirre, la adolescente oriunda de San Benito que es buscada intensamente desde el domingo pasado. Tras la presentación, que realizó junto al secretario de Justicia, José Carlos Halle, el gobernador aclaró que el pedido del jury fue contra Retamoso y Malatesta porque "los dos fueron los que otorgaron las salidas transitorias familiares a Lencina" y, en ese marco, consideró que "hubo mal desempeño en las funciones de estos jueces". "Más allá de los informes del sistema carcelario que determinaron un período de prueba en el primer trimestre de 2002 antes de la salida transitoria, el juez de Ejecución de Penas tiene todas las facultades para analizar el expediente", acotó. Además, recordó que incluso "no es vinculante el informe del servicio carcelario para este juez". Una vez iniciado el trámite de enjuiciamiento, la Constitución Provincial establece que el primer paso sería correr traslado al magistrado para su defensa, para luego abrir la etapa de recolección de pruebas. Más tarde, el Tribunal -integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el presidente de la Cámara de Diputados, el vicegobernador en representación del Senado y dos representantes del Colegio de Abogados- realizará las actuaciones para determinar si corresponde la destitución, pero mientras dure el proceso, Retamoso sigue en funciones.