Según la diputada por el ARI, esas dos funciones implicaban posibles conflictos de intereses, pues los asesores de los consejeros y de los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento podían litigar ante los jueces que son acusados y/o enjuiciados, o ante aquellos que resultaren participantes en los concursos para la cobertura de vacantes en el Poder Judicial.
Pero el proyecto fue desestimado, con los cual se consideró que la actividad profesional y el desempeño de funciones como asesor no eran incompatibles, con lo cual las dos tareas se podrán seguir desempeñando en forma conjunta. La cuestión giraba acerca de si la relación laboral era una locación de servicios o una contratación a tiempo fijo similar a las que mantienen nuemerosos empleados y secretarios en numerosas dependencias de la justicia.
En tanto, se dispuso que sea remitido nuevamente a la Comisión de Reglamentación el dictamen que proponía que se modificara el régimen de desarraigo que beneficia tanto a agentes que cuentan con la inamovilidad en el cargo (los que se desempeñan en la Secretaría General, en la Administración General y en sus cinco comisiones –Selección, Acusación, Administración, Disciplina y Reglamentación), y a quienes son designados en forma temporal –asesores de Consejeros, cuya permanencia en el cargo depende de la permanencia del propio consejero.
El proyecto para reformar las actuales condiciones del beneficio del desarraigo lo presentó también la diputada Rodriguez, con el fin de que se exijan mayores requisitos para acceder al mismo.
Fue debido a la falta de acuerdo y a los distintos puntos de vista aportados por los consejeros, que se decidió que el mismo fuera devuelto a su comisión de origen para que se redactara otro que incorpore las distintas opiniones que surgieron en el debate del Plenario.
El proyecto pretendía que estén excluidos del beneficio los integrantes de la planta permanente y los contratados por locación de servicios, y que se acredite el domicilio de los que pretenden percibirlo mediante la presentación de facturas de servicio público u otra documentación.