Se trata de un hecho inédito en el país: nunca antes un gobierno (ni el nacional ni ninguno provincial) había sido intimado en estos términos al menos en un tema de este tipo.
La medida tiene carácter de obligatoria y el lapso para que el orden comience a restablecerse en las cárceles mendocinas es de quince días: bastante poco si se tiene en cuenta la situación actual de los centros de detención en la provincia. Asimismo, el organismo internacional informó que también cada quince días y durante seis meses, el Gobierno Nacional (representado en este caso por el de Mendoza) deberá hacer los informes por escrito acerca de los avances que se lleven a cabo.
La medida cautelar dispuesta es un mecanismo contemplado en el Pacto de San José de Costa Rica (a la que la Argentina adhiere) y hace referencia a un pedido de intervención urgente cuando se tiene una fuerte sospecha que los derechos humanos en algún sitio corren serios riesgos de ser violados.
En estos casos, es la Comisión Interamericana quien tiene el poder de verificar la denuncia y luego expedirse ante el Estado denunciado. En este caso, el denunciado es el Gobierno Argentino, que mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores, le comunicó al Estado provincial (Mendoza) de la existencia del problema.
Por su parte, el gobernador Julio Cobos reconoció que tiene conocimiento de la resolución de la CIDH y explicó que el tema "es una responsabilidad nuestra pero es compartida (con la Nación) porque hay presos federales". "Lo cierto es que -el organismo internacional- pide que se dé una solución definitiva al hacinamiento, al tema de los sanitarios y que se separen presos condenados de los procesados", agregó en declaraciones a una radio local.
Además, el gobernador mendocino solicitó hoy al titular de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Nanclares, que acelere la causa judicial que demora la construcción del nuevo penal proyectado en el Campo Cacheuta, en el departamento Luján de Cuyo. El actual penal mendocino fue inaugurado en el 1900 para alojar alrededor de 700 personas y en la actualidad alberga 1600 reclusos.
El 12 de julio, los doctores Diego Lavado, Carlos Varela Alvarez, Alejandro Acosta, Alfredo Guevara, Pablo Salinas y Alfredo Guevara Escayola efectuaron la presentación ante la Corte Interamericana. En la denuncia se destacó que "los presos del penal se encuentran en permanente riesgo de sufrir graves ataques contra su integridad psicofísica y su vida, en el contexto del gravísimo hacinamiento que ha derivado en casos violentos y con muerte de internos".
En lo que va del año murieron doce internos y hubo varios heridos en diversas circunstancias entre el 16 de marzo y mediados de julio. En cuanto al alojamiento de los internos, los abogados mendocinos advirtieron que "padecen encierro en celdas que no superan los dos metros cuadrados, duermen hasta cuatro personas en una cama de material, sin luz natural y escaso ingreso de aire del exterior".