En ese sentido, el representante de la entidad Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Busetti, destacó que lo más importante que tendrá la nueva ley será que se dejará de aplicar la misma en forma supletoria para las empresas de servicios públicos, lo cual según evaluó será “altamente positivo” para “impedir” que se sucedan abusos por parte de éstas.
Asimismo, expresó que está previsto que se establezca la gratuidad de los litigios para los usuarios y las entidades, lo que afirmó que significará “un avance”, ya que en la actualidad los accionantes deben solicitar los beneficios de litigar sin gastos.
Pero, Busetti, quien participó junto a otras entidades en el diagrama del anteproyecto que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor le presentó a Lavagna, analizó que de prosperar la norma será necesario que tanto a nivel nacional, como provincial y municipal se “tomen las medidas para que la misma se aplique” y que “no se convierta en letra muerta”.
En esa línea, Busetti, opinó que es necesario un cambio en la actual norma, ya que la misma tiene más de 10 años, y entendió que con el paso del tiempo el contexto fue cambiando y se hace necesario contar con otras herramientas para controlar a las empresas.
Otra entidad que participó de la confección del proyecto, fue la Asociación de Defensa de los Consumidores y Usuarios de la Argentina (ADECUA) y fue su vicepresidente, Osvaldo Riopedre, quien si bien manifestó que estaba de acuerdo destacó que será vital que exista “una verdadera voluntad del estado para hacer cumplir las normas”. Al respecto, apuntó que en la actualidad muchas sanciones quedan en suspenso, dado que las mismas son apelables y según manifestó eso permite que “muchas multas queden en la nada”.
En tanto, Rubén Manusovich, representante de la Federación de Cámaras y Centros Comerciales de Argentina (FEDECAMARAS), destacó que se debería hacer una diferencia entre las grandes empresas y las pequeñas y medianas, ya que según analizó las primeras son las que manejan la actividad económica del país.
Sostuvo que en la actualidad “no existe capacidad” por parte de los organismos de control para ver de qué modo se cumplen o no las leyes que regulan las relaciones entre empresas y consumidores. En esa línea, remarcó que sería importante que las entidades de usuarios se sumaran de forma más activa a los entes reguladores, con el fin por ejemplo de controlar a las empresas de servicios públicos.